Todos de la mano contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que empezó a funcionar desde el pasado 1 de mayo. Las organizaciones de la cadena agroalimentaria, hostelería y restauración han remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un informe jurídico en referencia al citado impuesto y le han solicitado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.

Las organizaciones firmantes son Asaja, Coag, Upa, Cooperativas Agroalimentarias, Fiab, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, Aces, Fehr y Marcas de Restauración, que representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración. En su conjunto, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, casi el 30% del empleo total del país.

Según el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por el bufete Uría Menéndez, esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución. Además, presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.

Estos sectores valoran muy negativamente la entrada en vigor de este impuesto por las consecuencias negativas que comporta en el funcionamiento de la unidad de mercado, así como por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Así, estos sectores entienden que el precedente que introduce el citado impuesto no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines.

Desde Fiab se ha destacado cómo "la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contradictoria y limitada". "La excusa de salud, que supuestamente motiva esta medida, no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales. No cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido", añade.

Los representantes de las organizaciones de la distribución, Asedas, Anged y Aces, coinciden en que "esta incipiente política fiscal sobre los alimentos, en la medida en que se extienda a otros productos y a otras Comunidades Autónomas, supondrá unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inasumibles para las empresas". Además, opinan que "en un mercado europeo cada vez más digital que tiende a la integración, es totalmente anacrónico fragmentar el mercado interno con tributos de este tipo".

Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias advierten del posible coste social del nuevo impuesto y consideran que "la remolacha es un cultivo estratégico para el campo español, precisamente en un momento en el que se afronta un nuevo modelo sin cuotas de producción fijado por la Unión Europea para el mes de octubre de este año". Por ello lamentan la estigmatización de un producto alimentario y el "golpe" que da este impuesto al sector en este momento, considerando que podría suponer un desincentivo a la producción de remolacha en España.

A estas alegaciones se unen también las organizaciones de la hostelería y la restauración, que añaden que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado "convenientemente a los consumidores a pesar de estar directa y claramente afectados".