España se sitúa como país pionero en implantar una regulación específica para la cadena alimentaria y como líder en la Unión Europea en la creación de una normativa propia para el sector.

Así se pone de relieve en un informe elaborado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en el que se recuerda que la normativa española “ha servido como modelo a los países de la Unión, que han establecido normas similares en sus respectivos Estados, con el objetivo de lograr el equilibrio en las relaciones comerciales”, informa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

En concreto, los países que tienen modelos similares al español son Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Cinco de ellos (Eslovaquia, Italia, Reino Unido y República Checa, además de España), cuentan con una normativa específica para el sector, mientras que los otros tres disponen de leyes genéricas que se aplican a diferentes sectores económicos.

El informe destaca igualmente que la legislación española ofrece cobertura a todos los eslabones, además de implementar instrumentos autorregulatorios, a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles.

Este estudio destaca la labor de AICA por el número de inspecciones realizadas, los casos investigados y las multas propuestas. De hecho, España es el Estado miembro que más sanciones propone, con una de las cuantías más elevadas de la Unión Europea. En concreto, 2.000 inspecciones contabilizadas en España, concluidas con 38 expedientes con propuesta de sanción al cierre del informe. La cuantía de las sanciones oscila entre 3.000 y 1.000.000 de euros.