La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, ha desarticulado una trama dedicada a la financiación ilegal del sindicato UPA-UCE Extremadura (Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura), tal y como avanzó a lo largo del miércoles la Benemérita tras efectuar diversas detenciones.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero después de la denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres), en el que ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del citado sindicato.

Los agentes determinaron que más de 1.800 personas, afiliadas al mismo, habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos de la Unión Europea que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato (pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc.) y de otras personas físicas y jurídicas, todavía bajo investigación. Ese asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato.

Tras tomar manifestación a una treintena de agricultores afiliados a UPA-UCE, la Benemérita comprobó “la existencia de un plan preconcebido” en el que participaban personas físicas y jurídicas “bajo una estructura organizada”, indica la Guardia Civil.

También se percató de cómo los ‘captadores’ del sindicato utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos, siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado. El dinero así obtenido por el sindicato entre 2013 y 2015 fue de algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA-UCE Extremadura.

DETENCIONES

Este miércoles 2 de noviembre, ordenados por la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones del mismo en las localidades cacereñas de Plasencia, Coria y Talayuela, así como un domicilio particular en Badajoz. A día de hoy continúan los registros.

Fruto de los mismos se ha procedido a la detención de cinco personas pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional del citado sindicato, del ‘captador’ de afiliados al mismo en Talayuela y del administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores. La investigación se encuentra todavía abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.