Las subidas de impuestos al gran consumo siguen poniendo en alerta, con enfados incluidos, al sector. La última viene de Cataluña, que ha creado una nueva tasa sobre las bebidas azucaradas, añadida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat. Fiab ya ha puesto el grito en el cielo.

Para Mauricio García de Quevedo, director general de la federación, estas medidas envían un mensaje negativo a la sociedad porque "retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo", además de ser un "impuesto que crea inseguridad jurídica y quiebra la unidad de mercado tan necesaria para garantizar la competitividad de la industria".

La decisión adoptada por el Parlamento catalán, señala Fiab, plantea un escenario que "penaliza la demanda y castiga el crecimiento, no sólo de la industria de alimentación y bebidas, sino de aquellos sectores vinculados", como el turismo o el canal de hostelería y restauración, "claves para el desarrollo de España dentro y fuera de nuestras fronteras".

García de Quevedo recalca que "estas medidas impositivas crean barreras importantes para las inversiones en nuestro país y afectan directamente al turismo, un sector generador de riqueza, empleo y bienestar".

Por todo ello, el sector solicita al Gobierno de España que intervenga para garantizar la unidad de mercado y proteja los instrumentos que garanticen la competitividad de la industria y la equidad en todo el Estado. "No parece razonable que la actividad industrial pueda vivir con la amenaza de iniciativas legislativas o fiscales discriminatorias que pongan trabas a la unidad de mercado y generen dificultades constantes en el desarrollo de la actividad", destaca el director general de Fiab.

El objetivo el Gobierno catalán, que argumenta la medida por las recomendaciones de la OMS, es ingresar más de 41 millones de euros al año por este impuesto. Recaudaría 0,08 euros por litro en bebidas que tengan entre cinco y ocho gramos de azúcar por 100 mililitros y 0,12 euros en las que contengan más.

La medida ya la planteó Artur Mas cuando era presidente de la Generalitat, pero desistió en su momento ante la negativa de la industria alimentaria y de los distribuidores. Ahora el Gobierno catalán se ha animado tras ver que el Gobierno de Mariano Rajoy se plantea un impuesto similar, como ya anunció el pasado mes de diciembre.