La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) distintas denuncias contra empresas citrícolas por no formalizar, presuntamente, contratos de compraventa en algunos casos o, en otros, por modificar las condiciones iniciales estipuladas en los mismos, señala en su página web.

Esta organización, que ha detectado estas situaciones anómalas a través de Unió de Pagesos en Cataluña y La UNIÓ en la Comunitat Valenciana, ha presentado en el último mes sendas denuncias a nivel estatal demandando al organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) que inicie los controles e inspecciones requeridos para comprobar la existencia de contratos por escrito por parte de esas empresas y, si es el caso, del cumplimiento de su contenido, en la compra-venta de cítricos durante esta campaña de recolección y comercialización.

La organización insiste en la “vulneración de la Ley de la Cadena Alimentaria al provocar un efecto negativo directo sobre la renta de los agricultores afectados por este incumplimiento unilateral de lo pactado por estos operadores comerciales y que debería ser fruto de control e inspección por parte de la Agencia”.

“Muchos productores de cítricos se encuentran en una situación de indefensión debido a la grave crisis que sufre el sector en esta campaña “, afirman desde la organización. “Y todo esto se agrava con una práctica generalizada por parte de algunas empresas comercializadoras de incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y de la Ley de Morosidad, ya que los intercambios comerciales se realizan sin contratos escritos válidos y sin plazos de pago conocidos, superiores a los 30 días que establece la normativa”, lamentan.

Unión de Uniones considera “intolerable” las actuaciones de estos operadores comerciales, dando lugar a una “situación de abuso” para los productores en precios y en condiciones de entrega, incumpliendo, además, las normativas vigentes.