Las organizaciones representativas de la distribución comercial, la industria alimentaria y de bebidas, la hostelería y el reciclaje han celebrado un acto en Palma de Mallorca para mostrar su rechazo al nuevo impuesto balear sobre envases. Las patronales, entre las que se encuentran Aces, Anged, Asedas, Fiab, la confederación empresarial balear Caeb, la Confederación Española de Comercio, la federación de hosteleros Fehr, Ecoembes y Ecovidrio, han emitido un comunicado en el que alertan de las repercusiones del impuesto en la inversión y el empleo.

Según las organizaciones, el nuevo impuesto sobre envases de Baleares pretende corregir el déficit público de las islas a costa de penalizar los productos básicos de alimentación y de consumo turístico, aquellos que compran todos los días las familias y los turistas. Además, el castigo fiscal y las cargas burocráticas asociadas a este tributo sitúan a las empresas de Baleares en una posición de desventaja competitiva, que se traducirá en pérdidas de inversión y empleo.

El impuesto no tiene en cuenta el valor del contenido (bebida o alimento), por lo tanto introduce una mayor carga fiscal sobre los productos más económicos. Es decir, aquellos de primera necesidad y consumo frecuente tanto en los hogares como fuera del hogar, como el agua, la leche, la cerveza, los zumos o las bebidas refrescantes, soportarán proporcionalmente un tipo de gravamen más alto.

Las patronales explican que este castigo fiscal lastra la competitividad de la distribución comercial, la industria, el turismo y la hostelería de Baleares. En primer lugar, porque añade un incremento injustificado de los costes indirectos de las empresas, en un momento económico extremadamente delicado. En segundo lugar, porque este tributo impone un entramado de cargas burocráticas (contabilidad, gestión, liquidación) que encarecen los costes de administración de los negocios. En tercer lugar, con este impuesto el gobierno balear se desmarca de los esfuerzos de la Administración central para garantizar la unidad de mercado, simplificar y reducir el coste de las cargas administrativas. De hecho, el tributo sitúa en una clara desventaja competitiva a las empresas de las islas frente a las que operan en otros territorios.

El nuevo tributo sobre envases afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo. Su impacto sobre los costes de las empresas y la facturación puede acarrear el cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos en el sector de la restauración.

El comunicado recuerda que el impuesto no busca la protección del medioambiente, un objetivo plenamente compartido por las empresas, ya que en ningún momento se valoran los pasos que han dado en eficiencia energética y reducción, recuperación y valorización de envases y que está dando excelentes resultados sin incrementar la presión fiscal. Los envases afectados por este impuesto ya contribuyen económicamente a través del Punto Verde para asegurar la correcta gestión de residuos. De modo que es un tributo con un fin puramente recaudatorio y no medioambiental. Y aunque su efecto inmediato sobre la recaudación ayudará a ajustar parte del déficit autonómico, no podrá evitar a medio plazo los graves daños que causará sobre la inversión de las empresas, la creación de empleo, el consumo de las familias y, por tanto, la pérdida de ingresos en otros impuestos ligados a la actividad, como el IVA, el IRPF, Sociedades, Cotizaciones Sociales, licencias de terrazas, etc.

Además, impuestos como el de envases o el nuevo tributo sobre grandes superficies, además de injustificados, neutralizan los esfuerzos realizados por las empresas en los últimos cinco años para ser más competitivos y lastran la capacidad del tejido productivo para salir de la crisis.