El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de Unidad de Mercado, que introducirá una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España y creará un mecanismo estatal de resolución de conflictos.

Según la la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la norma busca reducir la “maraña administrativa” de España, fruto de las diferentes normativas autonómicas. Además, según los cálculos del Ministerio de Economía y Competitividad, la nueva ley podría elevar el PIB el 1,52% en diez años.

Sáenz de Santamaría ha añadido que la nueva ley “no perjudica a nadie y beneficia a todos" y es una de las reformas “más importantes” incluidas en el plan nacional enviado a Bruselas, con la que el Gobierno busca elevar la competitividad de la economía.

La ley se inspira en el modelo del mercado único europeo, donde ya existe la licencia única. En la actualidad, cualquier empresa europea puede operar en España con el permiso de origen, mientras que un producto español dentro de España requiere varias licencias.

La ley también favorecerá la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en un principio de colaboración y en la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

El director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), Aurelio del Pino, ha declarado que “siempre hemos denunciado que no tiene sentido fragmentar el ordenamiento jurídico económico en España, cuando la tendencia está siendo la de unificarlo a nivel Europeo. Por lo tanto, recibimos con mucho interés cualquier iniciativa que ayude a mejorar el marco normativo para el ejercicio de nuestra actividad”.

Sin deslegitimar el modelo de Estado descentralizado, Del Pino añade que convendría “revisar los mecanismos de cooperación administrativa y el ejercicio de las competencias para eliminar las disfunciones que se pueden provocar en el mercado, a través de las normas autonómicas económicas y fiscales”.

Para el caso concreto de la distribución comercial, y especialmente en el caso de las cadenas de ámbito nacional, sometidas a muchas legislaciones sectoriales en materia de comercio, consumo, fiscalidad, transportes, medio ambiente, etc., “cuya heterogeneidad a veces encarece y dificulta la actividad empresarial”, el director general acoseja “eliminar de la normativa cualquier restricción injustificada y desproporcionada”.

La patronal de supermercados celebra el anuncio de que se tenga que analizar el impacto de las normas en la unidad de mercado y de que se introduzcan mecanismos de defensa ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya que “hasta ahora las empresas no tienen mecanismos jurídicos efectivos para poner de manifiesto estos problemas.”

Y concluye diciendo que la ley “puede aportar elementos muy importantes para racionalizar el funcionamiento del Estado Autonómico, haremos una valoración definitiva cuando podamos conocer con detalle el texto”.