No es nada frecuente que un dirigente político de un partido nacional pida el boicot a una marca. Lo ha hecho recientemente Pablo Iglesias, líder de Podemos, contra Coca-Cola, a raíz del conflicto que la multinacional de refrescos mantiene con sus trabajadores de Fuenlabrada. La plantilla aplaude ese apoyo y Coca-Cola mantiene la tensión ante un problema que se le ha prolongado más de lo que habría deseado. Parece lógico pensar que si ese boicot tuviera éxito, acarrearía graves consecuencias a la compañía, con el consiguiente perjuicio para los propios empleados. ¿Es lícito que un dirigente político incite tanto al consumo de una determinada marca como a su boicot?

"No hay que beber Coca-Cola hasta que Coca-Cola respete el derecho de sus trabajadores". Son las palabras que Pablo Iglesias pronunció el pasado miércoles 18 de enero ante la sede en Madrid del Tribunal Supremo, que había confirmado la resolución de la Audiencia Nacional que daba el visto bueno a la readmisión efectuada de los trabajadores de Coca-Cola en el centro de Fuenlabrada. Los empleados recurrirán al Tribunal Constitucional y están dispuestos a luchar, si llega el caso, en el Tribunal de Justica de la Unión Europea.

El boicot que pide Iglesias no gustó a Marcos de Quinto, director de marketing global de Coca-Cola y vicepresidente mundial de la multinacional, quien, haciéndose eco de un tuit de GranConsumoTv, inició en Twitter un rifirrafe con el líder de la formación morada que ha provocado cientos de reacciones de partidarios y detractores tanto de Podemos como de la marca de bebidas. Muchos se han mostrado favorables del boicot y otros tantos lo han criticado.