El Impuesto de gases fluorados es un impuesto medioambiental, actualmente regulado por la Ley 16/2013, y en vigor desde 2014, que penaliza la emisión a la atmósfera de gases fluorados de efecto invernadero, principalmente utilizados como gases refrigerantes.

El impuesto, que actualmente grava la recarga de gas para la reposición de fugas, pasaría, según el anteproyecto de ley que modifica este impuesto, a gravar toda la entrada de gas fluorado en España.

Según señalan desde la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, recogido por Mab Hostelero, el nuevo impuesto se aplicaría así a la fabricación e importación de nuevos equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, y electrodomésticos, entre otros, que hasta ahora se encontraban exentos.

10% AL ALZA

De aprobarse, las asociaciones sectoriales estiman un impacto sobre los precios de los equipos e instalaciones nuevas entre un 5 y 10% según el sistema de refrigeración o aire acondicionado considerado. El nuevo impuesto repercutiría en numerosos sectores de la economía, pero principalmente en los hogares, el pequeño comercio, la hostelería, la industria y la distribución alimentaria.

Con la introducción del impuesto como una enmienda a la Ley de Transparencia, que se encontraba ya en trámite, el Gobierno quiere aprobarlo de urgencia para que entre en vigor en septiembre.

La proposición de ley, con el nuevo impuesto oculto en ella, ha sido aprobada en el congreso con los votos a favor del PSOE, Podemos, Esquerra y PNV; y actualmente está pendiente de aprobación en el Senado.

Desde Felac advierten que no solamente el nuevo impuesto “no tiene nada que ver con la Ley de Transparencia”, sino que “la exposición de motivos ni siquiera hace alusión a la verdadera modificación del impuesto: su extensión a los aparatos nuevos de refrigeración, aire acondicionado y electrodomésticos”.

“Esta práctica de retocar leyes a través de enmiendas a otras leyes con las que no guardan relación ha sido habitual en el Parlamento y el Senado desde hace años. En numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de esta práctica. El TC expone que las enmiendas a las iniciativas legislativas deben tener conexión con la materia de la Ley que pretenden enmendar”, explican desde Felac.