La polémica tras el fallecimiento de un repartidor de Glovo el pasado sábado en Barcelona cobra una nueva dimensión al hacer público ahora esta compañía que el 'rider' "no estaba registrado como colaborador" en la empresa.

En cualquier caso, la firma ha decidido "asumir todos los gastos" equivalentes a los que hubiera cubierto el seguro privado con el que sí cuentan sus colaboradores, recoge Efeagro. "El hecho de que la persona que sufrió el accidente llevara una mochila de la compañía hace suponer que pudiera estar utilizando la cuenta de un tercero", han explicado desde la plataforma añadiendo que esta circunstancia constituye "una práctica ilegal" y que supone la "permanente cancelación de la cuenta".

Por lo que respecta a la seguridad de los 'riders', Glovo afirma que los colaboradores que se dan de alta reciben información sobre la normativa vigente de seguridad vial, a lo que se suma la suscripción de un seguro privado "que les cubre durante su actividad".

CONCENTRACIONES

Tras el atropello de este joven de 22 años, que sigue investigando la Guardia Urbana con la que Glovo ha declarado colaborar "activamente", numerosos repartidores se concentraron ante las oficinas de la compañía en Barcelona para protestar por la muerte de este compañero exigiendo que el suceso se trate como un accidente laboral. Asimismo, se quemaron mochilas para denunciar "la falta de protección en riesgos laborales y la fragilidad del colectivo ante los accidentes".

Los sindicatos también se han pronunciado al respecto y han instado a la Inspección de Trabajo a investigar la muerte del repartidor y han pedido que se depuren responsabilidades. CCOO ha destacado que en la medida que Glovo "no reconoce la relación laboral con los repartidores, se produce una falta de inversión en la prevención de riesgos laborales y la protección de la seguridad y la salud de estas personas".

Tanto esta central como UGT han denunciado el "alto grado de siniestralidad" de esta actividad y que estas plataformas digitales basan su negocio en la "“explotación de las personas", generando "empleo precario".

Los abogados que defienden al colectivo de los 'riders' han advertido de los peligros que implica la falta de formación en prevención de riesgos laborales entre los repartidores

Por su parte, el despacho de abogados Colectivo Ronda, implicado en la defensa legal de 'riders', ha advertido de los peligros que implica la falta de formación en prevención de riesgos laborales entre los repartidores, déficit que ha vinculado con ser considerados autónomos en vez de trabajadores por cuenta ajena. Además, ha incidido en que, por el hecho de no ser sus empleados, las compañías no dan formación, no aportan equipos de protección, no controlan el correcto estado de las herramientas de trabajo (como bicicletas y motos), ni someten a los repartidores a un reconocimiento médico para saber si pueden desarrollar este trabajo.

A ello se suma que las plataformas tampoco realizan un seguimiento de las horas que llevan trabajando los 'riders' de forma continuada y sí valoran, por el contrario, la rapidez en las entregas, lo que en su opinión puede suponer un motivo de "presión".

EL CASO DE DELIVEROO

Los letrados de este despacho han citado como ejemplo las actas de la Inspección de Trabajo de Madrid en el caso que ha llevado a juicio a la empresa Deliveroo, en las que se precisa que más del 90% del medio millar de repartidores que tenía la firma en la capital en 2017 no tenía experiencia previa en el sector del reparto.

Deliveroo se enfrenta al pago de 1,2 millones de euros en cotizaciones atrasadas de más de medio millar de repartidores en Madrid

Esta empresa afronta el viernes 31 de mayo un juicio en Madrid por una demanda de la Tesorería de la Seguridad Social, un procedimiento iniciado después de que Inspección de Trabajo abriera un expediente contra Deliveroo por considerar que sus repartidores son, en realidad, "falsos autónomos". En concreto, esta compañía se enfrenta al pago de 1,2 millones de euros en cotizaciones atrasadas de más de medio millar de repartidores en la capital española si finalmente el juez les da la razón.