El presidente de Argentina Javier Milei promulgó el pasado miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que contenía un amplio paquete de medidas para desregular la economía.
El decreto contiene 300 medidas que abarcan desde la desregulación del mercado del alquiler hasta las exportaciones y la propiedad de la tierra, pero tiene repercusiones particularmente relevantes en el comercio alimentario.
La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 29 de diciembre, pretende acabar con la distorsión de la intervención del Estado en la economía y garantizar una mejor asignación de recursos en el sector a medio plazo. ¿Lo conseguirá?
En primer lugar, el decreto deroga la ley de Abastecimiento, promulgada durante el tercer mandato de Perón y vigente ininterrumpidamente desde entonces. Esta ley permite al gobierno fijar precios mínimos y máximos en productos esenciales, sanciona a las empresas que suban los precios "de forma injustificada", controla la escasez de bienes o servicios y puede limitar incluso los márgenes empresariales.
Su objetivo declarado es "regular a los capitales con poder monopólico" y proteger a "los consumidores y pequeñas empresas", en palabras de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, el partido peronista.
Sin embargo, en la práctica ha sostenido a empresas ineficientes que no sobrevivirían en el libre mercado, empujando los precios al alza en el largo plazo. Además, las sanciones —y sobre todo, la complejidad de predecirlas— han llevado a más inseguridad jurídica y costes adicionales a las empresas, que en última instancia se transmiten al precio del producto final.
El decreto también deroga la ley de Góndolas, que obliga a los supermercados a ofrecer un mínimo de productos fabricados por pequeñas empresas. En realidad, esta ley regula cada aspecto de la asignación de precios y la exposición de productos en supermercados de más de 800 metros cuadrados y online.
Por ejemplo, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor. Exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresariales, que las micro y pequeñas empresas cuenten con al menos el 25% del espacio de venta por cada categoría de producto, y que las cooperativas, empresas de agricultura familiar y economía popular tengan al menos el 5% del espacio en el lineal.
Asimismo, obliga a que los productos sean exhibidos en función del precio, con los de menor precio situados en el sector medio del lineal —es decir, el más visible y accesible a los clientes—.
También hace obligatorio señalizar los productos fabricados por pequeñas empresas y los productos con el menor precio en las categorías de consumo más habitual.
"¿Os imagináis la aplicación de esta ley en España?", se pregunta Alfonso Sebastián, experto en Retail. "Una locura". Lo cierto es que no sólo añadiría complejidades a la labor diaria de los supermercados, sino que mermaría profundamente su rentabilidad y, por tanto, su capacidad para crecer, generar empleo y alcanzar economías de escala con las que disminuir el precio final de los productos.
Además, el decreto suprimirá el Observatorio de precios del Ministerio de Economía, que en realidad servía para recabar datos y hacer cumplir las dos leyes mencionadas arriba. Milei considera que favorecía la "persecución de las empresas".
En cualquier caso, las medidas necesitarán un recorrido más o menos largo para surtir efecto. A corto plazo, producirán miseria y carestía para miles de argentinos, que verán aflorar la inflación soterrada por los controles de precios. No obstante, si logran aguantar y el nuevo gobierno sabe garantizar la estabilidad jurídica, los precios deberían estabilizarse e incluso reducirse como consecuencia de un nuevo sector alimentario más competitivo y saludable.
"Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina", advertía Milei en su primer discurso. ¿Será de verdad el último?
