La Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica), ha realizado a lo largo de 2017 un total de 1.882 inspecciones de oficio, de las 3.669 llevadas a cabo desde el comienzo de su actividad en 2014. Estos controles han dado como resultado la propuesta de 573 sanciones por un importe superior a los 9,2 millones de euros.
Los datos de la actividad de la Agencia muestran que la distribución comercial (mayoristas y minoristas) y el sector de la industria alimentaria se reparten casi a partes iguales las sanciones.
En concreto, la industria alimentaria concentró 424 de las sanciones impuestas, una cifra similar a la suma de las de la distribución mayorista (232) y la distribución minorista (248). Por sectores, frutas y hortalizas con 287 sanciones, y lácteo con 265, fueron los más sancionados.
El incumplimiento de los plazos de pago es, en el 44% de los casos, el motivo más frecuente de sanción
Por tipo de infracción, el incumplimiento de los plazos de pago es, en el 44% de los casos (409), el motivo más frecuente de sanción, seguido de la reincidencia al cometer más de una infracción (244) y la ausencia de contratos (167).
Asimismo, los mayores porcentajes de sanciones propuestas por Aica los registraron Galicia y Madrid, con el 17% y el 16%, respectivamente. Les siguen el País Vasco (11%), y Andalucía y Valencia con el 9%.
DENUNCIAS
Además de las actuaciones de oficio, la Agencia interviene cuando recibe denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena. Los datos acumulados desde 2014 recogen 210 denuncias, de las que 59 se recibieron en 2017, la mayoría en los sectores lácteo y de frutas y hortalizas.
Por venta a pérdidas, práctica prohibida por la Ley del Comercio Minorista y que es competencia de las comunidades autónomas, a Aica han llegado 65 denuncias desde 2014, de las que 15 corresponden a 2017, que la Agencia ha trasladado a la Administración competente para su investigación.
Además de la misión como vigilante del cumplimiento de la Ley de la Cadena, este organismo inicia e instruye los expedientes sancionadores por impago de las cuotas obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales de aceite de oliva y aceituna de mesa, y desde 2016, es competente en el control oficial de los operadores acogidos a las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito supraautonómico.
