Los portavoces alimentarios de los principales partidos políticos han presentado esta mañana en Madrid sus propuestas para el sector de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio.

El encuentro ha contado con una amplia representación de todos los sectores de la alimentación (supermercados, carnicerías, pescaderías, fabricantes), que han expresado a los representantes políticos sus problemas y reclamaciones. El impuesto a los plásticos, las ambigüedades de la nueva ley de la cadena alimentaria y la inflación normativa, entre los grandes temas tratados.

A continuación, presentamos un resumen de las propuestas presentadas por cada partido y de las reclamaciones del sector.

Partido Socialista (PSOE)

Ana María Romero, secretaria de agricultura, ganadería y pesca del PSOE, ha defendido la gestión de su partido. "Si ha habido un partido que ha entendido el mundo rural y la agricultura es el Partido Socialista", ha declarado.

Romero ha destacado la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que ha servido para "proteger los intereses de los agricultores frente al resto de la cadena".

Considera que se han gestionado los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) de manera más justa y sostenible que en el pasado, al dar prioridad a los pequeños y medianos agricultores.

Plantea ampliar el presupuesto de formación para atraer a los jóvenes agricultores y a las mujeres, puesto que se espera que el 60% de los agricultores se jubile en la próxima década.

La portavoz ha resaltado el papel del Gobierno de España frente a Bruselas, al votar en contra de las leyes que perjudican al sector pesquero español, como las restricciones a la pesca de arrastre.

Partido Popular (PP)

Milagros Marcos, responsable de agricultura del PP y secretaria de área de Castilla y León, ha iniciado su intervención declarando que nos encontramos en un momento "preocupante" para los agricultores y ganaderos. "Los tractores, por desgracia, vuelven a salir a las calles".

La propuesta del PP, ha defendido Marcos, se sostiene sobre tres pilares:

1. Rentabilidad, para que las empresas y el empleo puedan perdurar en el tiempo.
2. Competitividad, para que puedan competir en los mercados nacional y extranjeros.
3. Sostenibilidad, para hacer frente a los desafíos del cambio climático.

La responsable del PP ha enfatizado que los tres pilares deben implantarse "en ese orden", pues de lo contrario se perjudicará al sector, "como se ha venido haciendo desde el Gobierno hasta la fecha".

"Se ha acusado al sector de contaminar, de la sequía e incluso de esclavismo", ha denunciado Moreno. Sin embargo, "no se me ocurre nadie más implicado en la protección de su tierra que quien vive de ella".

En contraposición a la ley de la cadena alimentaria actual, ha defendido que el PP promoverá una reforma para hacerla más transparente, dotarla de seguridad jurídica y garantizar una distribución justa y suficiente de los beneficios a lo largo de la cadena.

Es difícil saber en qué consistiría esta "distribución justa", dado que los márgenes de beneficio en la distribución oscilan entre el 1 y el 3%.

Marcos considera que en el sector agrario se deberían reducir los costes de producción a través de subvenciones (sobre todo, de energía y materias primas), mejorar los seguros agrarios y promover la integración a través de cooperativas y otras estructuras que permitan mejorar la competitividad y la proyección internacional del sector.

Por otro lado, Marcos ha destacado que el impuesto al plástico "no era conveniente en un momento de crisis y sequía como el actual", por lo que aboga por flexibilizar las medidas medioambientales para facilitar la producción y la actividad.

La responsable de agricultura ha propuesto que "debemos avanzar en el combate con el cambio climático sin menoscabar la producción de alimentos".

Vox

Ricardo Chamorro, portavoz de agricultura del partido de Santiago Abascal, ha marcado dos grandes líneas en la propuesta de su partido para el sector alimentario: por un lado, la defensa de la soberanía alimentaria nacional —es decir, del proteccionismo—; y, por otro lado, la unificación de normativas y el adelgazamiento de las trabas burocráticas.

Lo principal es, ante todo, "dejar a la gente trabajar y facilitar sus actividades, lo que se traduce en menos trabas e impuestos". Chamorro ha lamentado la inflación de normativas procedentes de la Unión Europa y las comunidades autónomas, lo que perjudica muy especialmente a las pequeñas empresas.

Asimismo, ha destacado que los agricultores están "hoy en la calle para exigir medidas como paliar las pérdidas por la sequía, ampliar las ayudas de la PAC, desarrollar medidas de regadío y ampliar los seguros agrarios". Ha lamentado la "criminalización del sector agrario, de los ganaderos y de los cazadores".

Por otro lado, ha reivindicado la preferencia de los productos comunitarios de la Unión Europea frente a la competencia "desleal" de terceros países, que ponen en riesgo los empleos alimentarios en España.

Sumar

Tomás García-Azcárate, representante de Sumar e investigador del CSIC, ha iniciado su intervención aclarando que su partido "no cuenta con un programa alimentario, sino con una visión a diez años elaborada con ayuda de agricultores, sindicalistas, catedráticos e investigadores".

En esta visión destacan dos aspectos fundamentales:

• El plan 'Rural 30', que consiste en garantizar los servicios básicos (desde hospitales a supermercados, bares, discotecas, etc.) del mundo rural en un radio de 30 minutos.
• El 'Mecanismo rural de garantía', para evaluar el impacto de toda ley en el mundo rural.

García-Azcárate ha defendido un modelo de ayudas públicas que priorice la agricultura familiar frente a la agricultura de "consejo de accionistas" y le permita beneficiarse de los avances tecnológicos y mejorar su productividad.

Sin embargo, ha puntualizado que desde Sumar no están en contra de las grandes explotaciones ni de las macrogranjas, "siempre que cumplan la legislación laboral, sean sostenibles y gestionen sus residuos".

Ha reconocido que la transición ecológica requiere de la participación de toda la cadena alimentaria, de los consumidores y de los contribuyentes, pero no ha querido valorar el polémico impuesto del plástico.

Asimismo, ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de reducir el IVA en carnes y pescados. García-Azcárate se ha limitado a señalar que hay un gran consenso en la comunidad científica en el hecho de que "deberíamos llevar una alimentación basada menos en carnes y más proteínas de origen vegetal, verduras y frutas, lo que en suma es una dieta mediterránea".

Las reclamaciones del sector: claridad legislativa, menores cargas y formación profesional

En la ronda de intervenciones han participado varios representantes de la cadena alimentaria. 

Primitivo Fernández, director de la Asociación de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites (Anierac), ha lamentado que "la ley de la cadena alimentaria es un modelo de lo que la ley no debe ser: la ley debe crear certezas y no inseguridades. Debe ser sencilla, dar seguridad y ser oportuna".

Asimismo, ha señalado que la interpretación que de la ley está haciendo la AICA es un problema para todos los sectores de la cadena, que, "una vez sancionados, siguen sin saber cómo actuar para evitar nuevas sanciones".

Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, ha reclamado que las empresas de distribución alimentaria necesitan reducir la carga fiscal: "Se está cargando demasiado tanto los productos como las actividades operativas de las empresas".

Además, se necesita un proceso de simplificación administrativa. "Por ejemplo, un comercio de alimentación en Madrid necesita conocer 4.200 normas", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que la ley de la cadena alimentaria nació con el fin de evitar abusos, no para regular precios. La idea de que los beneficios de la cadena alimentaria deben redistribuirse, ha defendido, "emite un mensaje equivocado, ya que insinúa que alguien a lo largo de la misma se está forrando a costa de los demás, lo cual no es cierto".

María Sánchez, directora general de Carnimad-Cedecarne, ha lamentado la ausencia de medidas para potenciar "los oficios alimentarios, que no son tenidos en cuenta en nuestro país".

En la misma línea ha intervenido María Luisa Álvarez, directora de Fedespesca, que ha acusado a la clase política de no hacer nada a favor de las pescaderías, "que también ayudan a fijar población rural". 

"El consumo de pescado y el número de pescaderías ha disminuido año a año y ustedes no están haciendo nada".