El sector de frutas y hortalizas siempre me ha suscitado mucho interés, tanto desde una perspectiva jurídica como desde una visión técnica y comercial. Por eso, he procurado contribuir a su desarrollo a través de mis colaboraciones y aportaciones. Así, me complace participar en esta segunda edición del Anuario de Frutas y Hortalizas de FRS, tras el éxito de su lanzamiento.

Desde mi nueva posición, como observador del proceso de elaboración de las normas y de su aplicación práctica, he escogido el título intencionadamente. A menudo parece difícil conjugar todas las variables de la ecuación, a las que cabría añadir mejorar la calidad y seguridad, y responder a las demandas del consumidor. El marco normativo, cada vez más complejo, incide en la actividad de agricultores y comercializadores, con reglas muy exigentes y aparentemente contradictorias. 

Reto regulatorio

Cuando finalmente el productor, mediante una mayor profesionalización, integración y dimensión competitiva, consigue conciliar todos estos objetivos, trabajando con el conjunto de eslabones de la cadena, acaba convirtiéndose en el principal adalid del cumplimiento normativo. Por eso cuenta con legitimidad para exigir que todos los operadores que quieran comercializar en Europa cumplan estrictamente con una regulación que hace de la agricultura europea, sin duda, la más sostenible y segura del mundo.

El sector de frutas y hortalizas español ha sabido responder a la evolución de los mercados, a la presión de los costes, a la competencia internacional, a las nuevas exigencias logísticas y a los cambios en los hábitos de consumo. Tenemos un sector profesionalizado con una gran vocación exportadora basada en la certificación de los más altos estándares.

El reto ya no es solo cumplir, sino anticiparse a las reglas del juego para seguir siendo competitivo en un mercado global.

Sin embargo, quizás más acentuado en los últimos años, el reto regulatorio se ha convertido en un factor que condiciona directamente los modelos de negocio. El entorno normativo es cada vez más intenso, más técnico transversal, y las claves de rentabilidad ya no dependen solo de las normas estrictamente agronómicas. Cuanto más profesionalizado, internacionalizado y orientado al consumidor está un operador, mayor es también su exposición regulatoria.

No pretendo hacer un repaso exhaustivo del marco regulatorio –hay muchos más temas–, pero sí destacar algunas iniciativas relevantes.

El sector español es competitivo, exportador y abierto, pero necesita reglas claras, controles homogéneos y garantías de que los productos que entran en el mercado europeo cumplen estándares comparables

La función del envase

Uno de los ámbitos más relevantes es el de los envases y residuos de envases. El nuevo Reglamento europeo es de una gran complejidad y requiere concretarse en multitud de actos de ejecución. Afecta a formatos de venta, envases de transporte, reutilización, reciclabilidad, composición del envase, etiquetado…

Además, incorpora restricciones específicas sobre determinados envases de plástico para frutas y hortalizas frescas, en cuya ejecución ya se está trabajando en la Unión Europea, así como stickers de frutas y materiales en contacto con alimentos.

El debate no puede reducirse a términos de más o menos envase o de graneles sí o no. El sector necesita soluciones que reduzcan el impacto ambiental, sin comprometer la calidad, la seguridad, la trazabilidad, la vida útil y la reducción del desperdicio, ni el crecimiento del consumo.

Sostenibilidad de la producción

Otro reto normativo central afecta a las condiciones de producción. La regulación europea sobre suelos, restauración de la naturaleza, biodiversidad y agua tendrá una incidencia creciente en las zonas productoras. La nueva normativa de vigilancia y resiliencia del suelo, los objetivos de restauración de ecosistemas y la planificación hidrológica obligarán a integrar criterios ambientales cada vez más precisos en la gestión de las explotaciones.

Para un sector tan dependiente de la disponibilidad de agua y de la calidad del suelo, estas políticas pueden implicar nuevas obligaciones de seguimiento, reporting y adaptación, pero también oportunidades para acceder a financiación, modernizar regadíos, mejorar la eficiencia y reforzar la sostenibilidad real de los cultivos.

La política de agua va a ser clave, especialmente en un país como España, y su desarrollo exige seguridad jurídica, inversión, coordinación administrativa y criterios claros de calidad y responsabilidad entre operadores, comunidades de regantes, productores y administraciones. 

Fitosanitarios

También sigue siendo decisiva la evolución de la regulación sobre productos fitosanitarios. La retirada de la propuesta europea sobre uso sostenible de plaguicidas no ha eliminado la presión política, social y regulatoria para reducir riesgos y avanzar hacia alternativas de biocontrol, manejo integrado de plagas y sustancias de bajo riesgo.

El sector necesita herramientas eficaces para producir con seguridad, responder a las exigencias de los clientes y competir en igualdad de condiciones con productos importados. En este punto, el debate sobre cláusulas espejo, controles en frontera y equivalencia de estándares no es retórico, sino directamente vinculado a la competitividad.

Nuevas variedades

La innovación varietal abre otro de los grandes debates. La ingeniería genética aporta variedades más resistentes a enfermedades, estrés hídrico o condiciones climáticas adversas. Para cultivos herbáceos especialmente, el nuevo reglamento de técnicas genómicas puede acortar costes y tiempos de desarrollo, pero también plantea cuestiones sobre propiedad intelectual, trazabilidad, coexistencia con la producción ecológica, aceptación por parte del consumidor y la posición de la distribución. La innovación será necesaria, pero deberá gestionarse con transparencia y con criterios equilibrados.

En paralelo, el sector debe atender a la futura regulación del material reproductivo vegetal. La armonización europea de semillas, plantones y material de vivero puede mejorar la seguridad del mercado interior, pero también generar costes de adaptación para viveros, casas de semillas y operadores especializados.

En un sector basado en la calidad varietal, la sanidad vegetal y la diferenciación comercial, cualquier cambio en los requisitos de registro, certificación o comercialización tiene un impacto directo.

Reducción del desperdicio

La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuya parte más relevante es exigible desde abril de 2026, obliga a planificar, justificar y ordenar el destino de los excedentes, priorizando la prevención, la donación y la redistribución para consumo humano. Aunque pueda parecer que la ley exime a los pequeños operadores, en verdad afecta a todos e implica revisar procedimientos internos, acuerdos con entidades sociales, sistemas de trazabilidad y criterios de gestión de mermas.

La comercialización tampoco queda al margen: las normas europeas han abierto espacio para comercializar productos “menos bonitos y homogéneos” y esta práctica se considera recomendable por la propia regulación.  

Información al consumidor

El consumidor quiere más información sobre el comportamiento ambiental de los productos y las empresas necesitan comunicar sus esfuerzos en este ámbito. Las disposiciones de la Directiva europea contra el greenwashing deberían aplicarse a partir del 27 de septiembre de 2026.

Aunque España no cuenta con un proyecto de ley cerrado, las referencias genéricas a lo “verde”, “eco” o “sostenible” pueden considerarse ya desleales si no están debidamente justificadas. Con ley o sin ella, las empresas deben revisar sus mensajes comerciales, etiquetas y páginas web, por el riesgo sancionador, su reputación y posibles demandas de competidores. Hay mucho positivo que comunicar, pero hay que hacerlo bien.

El consumidor quiere más información sobre el comportamiento ambiental de los productos y las empresas necesitan comunicar sus esfuerzos en este ámbito

Cadena alimentaria

La cadena alimentaria sigue siendo otro de los grandes frentes regulatorios. El Reglamento europeo de cooperación, aprobado en marzo de 2026 y aplicable en septiembre de 2027, intensificará el control sobre los contratos y las operaciones transfronterizas. El sector de frutas y hortalizas ha sido uno de los más inspeccionados tras la Ley de la cadena alimentaria.

Además, las previsiones de la Comisión Europea contemplan una propuesta de modificación de la directiva de prácticas comerciales desleales en el cuarto trimestre. Con este marco y la inminente revisión del Reglamento de la OCM se refuerza la necesidad de revisar contratos, condiciones de suministro, plazos de pago, descuentos, promociones, modificaciones unilaterales, liquidaciones y reparto de riesgos. A todo ello y con la experiencia reciente, hay que aquilatar los contratos ante posibles crisis de suministro y cambios en los acuerdos comerciales de la UE.

El sector hortofrutícola tiene una particularidad evidente, ya que trabaja con producto perecedero, campañas cortas, precios muy sensibles, alta presión logística y una relación compleja entre producción, centrales, cooperativas, comercializadores, industria, distribución y exportación. La regulación debe proteger al eslabón más débil, pero también preservar la capacidad comercial de un sector que compite dentro y fuera de Europa.

Apertura comercial y level playing field

Incluimos en el marco regulatorio los acuerdos comerciales. Las importaciones procedentes de terceros países, la relación con Marruecos y el Sáhara Occidental, el acuerdo UE-Mercosur y los controles oficiales en frontera forman parte de una misma discusión: cómo mantener la apertura comercial sin debilitar la posición del productor europeo.

El sector español es competitivo, exportador y abierto, pero necesita reglas claras, controles homogéneos y garantías de que los productos que entran en el mercado europeo cumplen estándares comparables en materia fitosanitaria, ambiental, social y de seguridad alimentaria.

En 2026 parece que, de forma decidida, la Comisión Europea ha dado pasos para mejorar el control oficial en frontera y coordinar más a los órganos de los Estados miembros. El trabajo de la Task Force será sin duda largo y complejo, pero no basta con esperar a sus resultados: también se debe intensificar el control en el mercado interior.

Conclusión

Soy consciente de que, por razones de espacio, he dejado fuera muchos ámbitos que ocupan al regulador nacional y europeo: seguridad alimentaria, alimentación y nutrición, fertilizantes, promoción alimentaria, protección de las indicaciones de origen, ordenación de organizaciones sectoriales, eficiencia y generación energética, información no financiera de las empresas, o residuos y subproductos, entre otros. No obstante, el panorama descrito da una idea clara de la complejidad regulatoria del sector.

El desafío ahora consiste en pasar de una actitud reactiva a una de anticipación. No basta con adaptarse cuando la norma ya está aprobada. Es necesario identificar prioridades, construir posiciones comunes y alianzas con distintos eslabones empresariales, aportar datos, explicar el funcionamiento real de la cadena y participar en los procesos de consulta pública, tanto en España como en la UE. El sector de frutas y hortalizas tiene legitimidad para hacerlo porque es estratégico para la alimentación, para la economía rural, para la exportación, para la salud pública y para la sostenibilidad. 

Aurelio del Pino

(*) Este artículo está incluido en el Anuario de Frutas y Hortalizas 2027 de FRS Food Retail & Service, una obra exclusiva que ha sido posible gracias al patrocinio de Anecoop, Patatas Meléndez, Nufresco, Orri, Banco Santander y Zespri, y con el apoyo de otras empresas anunciantes. 

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