El jarrón de Rubin pone a prueba la percepción. Se trata de una ilusión óptica que, para unos ojos parecen dos caras enfrentadas y, para otros, aparenta ser un jarrón. Es la misma imagen, pero cada persona percibe una cosa diferente. Algo similar ocurrió en la reunión de este lunes entre la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y Alberto Garzón, ministro de Consumo, de una parte, y los representantes de las distribuidoras nacionales.

Yolanda Díaz compareció en primer lugar para decir que la reunión había sido fructífera. Sus ojos o, más bien, sus oídos, le hicieron percibir un encuentro constructivo en el que los distribuidores aportaron ideas y medidas para afrontar el gran problema que supone el encarecimiento de los alimentos básicos.

"Se tomaron la reunión muy en serio", dijo Díaz de los representantes de Asedas, Anged y ACES, que hablan por la práctica totalidad de las cadenas de supermercados que operan en España. Lo llamativo es que los portavoces de esas organizaciones percibieron una realidad muy distinta y así lo transmitieron a la salida de la reunión.

Aparte de las declaraciones que ofrecieron a los medios, las tres asociaciones proporcionaron un comunicado conjunto a la prensa acerca de sus impresiones de la reunión. Hay algo en lo que sí coinciden: comparten la preocupación por la situación de los precios de los alimentos.

Más allá de ese punto de encuentro que les llevó a reunirse, lo demás tiene poco parecido con lo que explicó la titular de Trabajo. "Las asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados". Ese punto de partida de Asedas, Anged y ACES deja poco lugar a dudas.

A partir de ahí, critican varios de los argumentos que utiliza Díaz para tratar de imponer una cesta básica que, con el paso de los días, ha pasado de ser una imposición a ser una especie de sugerencia. Las distribuidoras hablan de un "diagnóstico erróneo de la formación de precios". Los retailers critican que se utilizan los datos de COAG, que distorsionan la percepción de los precios, mientras que otros estudios, como los del Ministerio de Agricultura, difieren notablemente de ese análisis. De ese modo, los minoristas defienden que sus márgenes son "muy reducidos".

Otro de los aspectos que rechazan es la supuesta concentración del sector. Díaz explicó en la rueda de prensa de este lunes que existe un supuesto en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que posibilita la fijación de precios. En particular, se habla de "ausencia de competencia efectiva" que afecte a productos "de primera necesidad".

Las asociaciones dicen que eso no ocurre en España porque existen cientos de empresas en el sector y el comercio tradicional conserva "una cuota de mercado muy importante" en productos frescos. Además, eso supondría un perjuicio para unos comerciantes, en particular el pequeño comercio, y también para los consumidores de poblaciones pequeñas.

Asimismo, el ejemplo que utiliza Díaz, el de Nicolas Sarkozy en Francia en 2004 y 2010, coincidió con descensos en el consumo y con una pérdida de la calidad de los productos. En ese sentido, los distribuidores sostienen que hay varias causas objetivas que han elevado los precios de los alimentos: el coste de la energía, los carburantes y las materias primas.

Las propuestas de las organizaciones son ya conocidas: bajada del IVA de los alimentos, suspensión temporal de impuestos medioambientales y el establecimiento de un precio de la energía estable para toda la cadena, "especialmente para la distribución".

Propuestas en estudio

Respondiendo a los periodistas, Díaz explicó que no habría nada firme hasta dentro de unas semanas, cuando se volvieran a reunir. Según dijo, todas las partes tenían que estudiar las medidas y propuestas. No obstante, las asociaciones de la distribución no comentaron nada al respecto y se limitaron a rechazar la propuesta de Díaz y Garzón y a calificar como "inviable" la cesta básica.