Kellogg ha decidido marcharse de Venezuela, después de 57 años, debido a la crisis económica que atraviesa el país caribeño. Esta medida no ha gustado nada al presidente Nicolás Maduro, que no ha dudado en pedir el código rojo a la Interpol para sus dueños y accionistas alegando que se marchan de forma "ilegal" y que deberán "pagar por ello en los tribunales".

Según recogen diversos medios, el mandatario ha explicado que la compañía estadounidense, que da trabajo a medio millar de personas en este país, "amaneció con las puertas cerradas tras depositar en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es completamente inconstitucional e ilegal", manifestó en el transcurso de un acto de campaña en la ciudad de Valencia.

Asimismo, añadió que ha dado instrucciones "para que se apoye a los trabajadores legalmente y logísticamente y la empresa continúe produciendo sus productos para el pueblo de Venezuela sin ningún problema". El presidente indicó, incluso, que ha enviado ya a varios ministros para "entregar" la compañía a los asalariados y añadió que Kellogg optó por marcharse "porque solo faltan cuatro días para las elecciones en el país y creen que el pueblo se va a asustar".

El caso de Kellog no es algo aislado. De hecho, el Gobierno ya ha tomado fábricas de empresas estadounidenses que han abandonado territorio venezolano, como Kimberly-Clark (papel higiénico y pañales) o Clorox (productos de limpieza). Otras, como Coca-Cola y Colgate, han suspendido o reducido temporalmente sus actividades.

Según Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, en los últimos veinte años de Gobierno chavista en el país han cesado operaciones más de mil compañías de todas las áreas, debido a la crisis y los controles del Estado sobre la empresa privada.