Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos publicados por Eurostat relativos a los índices de precios de la alimentación, constata el "fuerte incremento" que se ha producido en la "brecha de precios" entre productores y consumidores españoles desde la entrada en vigor del estado de alarma a causa del coronavirus. En concreto, precisa en un comunicado cómo en los últimos meses este incremento ha sido mayor, situándose en los 6,4 puntos en julio. "Este hecho representa un incremento del 47% respecto a la ya amplia brecha que existía en febrero, situada en los 4,3 puntos", puntualiza.

Según la organización, estas cifras parecen indicar, por tanto, que las grandes cadenas de alimentación "han hecho el agosto" durante la crisis de la Covid-19, llegando a incrementar sus cuotas de mercado por la limitación en el uso de canales cortos debido a motivos sanitarios.

La organización se muestra crítica y destaca que ni la Ley 12/2013 sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en 2014, cuyo fin era el de reforzar la posición de los agricultores y ganaderos dentro de la misma, ni el Real Decreto 5/2020 sobre medidas urgentes en el sector agrario, que entró en vigor en febrero de 2020, parecen funcionar. "Las cosas siguen igual que cuando estábamos con los tractores en la calle en febrero y marzo", advierten desde la organización que considera imperativo adoptar nuevas medidas para corregir la situación.

"MEDIDAS URGENTES"

En este sentido, Unión de Uniones solicita al Gobierno que, tanto en el proyecto de Ley sobre medidas urgentes como el Anteproyecto de Ley de cadena alimentaria, todavía en trámite en las Cortes, se incluyan medidas que realmente contribuyan a fortalecer la posición de los productores dentro de la cadena.

La organización pone sobre la mesa en las propuestas que ha presentado tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) como a los Grupos Parlamentarios, la definición de posición de dominio por parte de la industria y/o la distribución, revisar el sistema de sanciones para que sean verdaderamente disuasorias e incrementar los controles de las prácticas desleales a lo largo de la cadena, dotando con más recursos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) y mejorando la coordinación con las comunidades autónomas.

"Tener la mejor ley es fundamental, pero no suficiente", aclaran desde esta entidad, que considera fundamental que la norma deba acompañarse también de cambios en la política comercial, fomento de la concentración de la oferta, una PAC que proteja a los profesionales y al modelo agrario y unas interprofesionales legitimadas en su formación y decisiones que refuercen los compromisos sectoriales.