Glovo ha anunciado este miércoles un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 750 repartidores de 60 ciudades de toda España, al asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para "evitar su cierre".
En un comunicado, la empresa de reparto ha asegurado que ha abierto un periodo de consultas para el ERE, tras cerrar su operativa en más de medio centenar de ciudades, mientras que ha señalado que mantiene "de momento" su operativa habitual en 800 localidades en toda España.
"Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app", ha añadido la empresa.
La reestructuración llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a sus repartidores para adaptarse a la ley rider, por lo que en julio pasado empezó con un modelo "100 % laboral", con más de 14.000 repartidores contratados directamente, según señalaron entonces fuentes de la compañía a Efe.
El sindicato CCOO calcula que a estos trabajadores se suman otros 20.000 que trabajan en flotas de "empresas pantalla", y la Seguridad Social está esperando una sentencia firme para poder dar el dato real, que se estima en torno a unos 30.000.
Sin embargo, un portavoz de Glovo ha afirmado hoy que el total de empleados roza las 21.000 personas en toda España, tanto contratados como adheridos a través de terceras empresas, sin especificar cuántos de estos tienen contratos directos con la empresa.
GOTEO DE DESPIDOS
El sindicato CGT ha afirmado que al ERE anunciado hay que añadir el despido de 300 repartidores en las últimas semanas en Barcelona y otro goteo de despidos en Almería y diferentes ciudades de España.
Además, han denunciado que la empresa empezó a reducir el número de repartidores en situación de falsos autónomos antes de verse obligada a contratarlos y ha criticado que en la nueva etapa de la empresa con trabajadores asalariados "la compañía ha continuado vulnerando los derechos de los repartidores".
En Italia, la Fiscalía de Milán, liderada por el fiscal Paolo Storari, ha ordenado recientemente una medida de control judicial contra la filial de Glovo en Italia, Foodinho SRL, y contra su administrador único, de nacionalidad española.
La acusación sostiene que la compañía operaba bajo un sistema de contratación "en condiciones de explotación", aprovechándose del estado de necesidad de sus empleados, mayoritariamente extranjeros.
