El gran consumo es uno de los sectores afectados por la aplicación del conocido impuesto al plástico que entró en vigor el 1 de enero pese a la petición unánime de aplazar la aplicación de una tasa que es única en Europa y para la que sigue habiendo "muchas dudas".

Así lo ha explicado en declaraciones a Efeagro la gerente de sosteniblidad de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc, Cinta Bosch.

Hasta el segundo semestre no se conocerá la recaudación por este impuesto para los envases de plástico no reutilizables que grava con 0,45 euros por cada kilogramo de este material que fabrique o adquiera.

Según la experta, una de las principales dudas es conocer si algunos materiales pueden ser considerados envases y, por tanto, hay que pagar por ellos.

La norma prevé que tributen los envases pero también "los objetos que pueden hacer de envases", una definición "muy ambigua" que está generando dudas en la aplicación de las empresas fabricantes en ejemplos como las bolsas que se usan en algunos productos.

"Las bolsas de basura está claro que no entran porque así lo dice en el documento de la Agencia Tributaria, pero otros envases no quedan claro", ha aseverado.

La Agencia Tributaria publicó un documento con las preguntas y respuestas más usuales para aplicar este impuesto, si bien las situaciones de cada empresa son muy concretas y diferentes, por lo que no encuentran solución en estos manuales más generales.

Desde Aecoc también se trabaja en sesiones formativas, con inscripciones masivas como las del pasado diciembre con unos 900 participantes, pero también tratan de dar salida a cuestiones concretas de cada fabricante.

Otra de las líneas donde más dificultades se están encontrando es poder asegurar o garantizar la trazabilidad del plástico. Si una empresa compra productos con envases en un tercer país, tiene que pagar por los plásticos no reutilizables o garantizar que son reciclados, para lo que necesitan un certificado de su proveedor.

Garantizar esta trazabilidad está generando inconvenientes porque lo que se les pide a estas empresas es algo novedoso y "muy del ámbito español", ha explicado Bosch.

El origen de este impuesto está en Bruselas, donde se creó en 2020 una nueva categoría de recursos propios de la Unión basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclen; así, cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle.

A partir de ahí, cada Estado miembro ha ido implementando diferentes medidas, en algunos casos también impositivas, pero que aún no han entrado en vigor, lo que deja a España como el único país de la UE que aplica un impuesto de esta naturaleza.

Según los cálculos de la industria de la alimentación y bebidas la aplicación de esta tasa puede generar un impacto de 690 millones de euros.