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El gran consumo reclama diálogo al Gobierno: "Sin escuchar a las empresas no se pueden abordar los grandes retos de la transición verde"

Las principales organizaciones del sector (Aecoc, Asedas y Anged) han advertido de las consecuencias que la reglamentación española en materia medioambiental puede tener en términos de costes, inseguridad jurídica y competitividad. Entre sus reclamaciones, armonizar la legislación española a la europea y ser consultados para evaluar los costes de cada medida.

VÍCTOR OLCINA PITA

06 de junio 2024 - 13:47

Representantes de las organizaciones de gran consumo.
Representantes de las organizaciones de gran consumo. / Redacción FRS

Representantes de las principales organizaciones del gran consumo en España han comparecido hoy para reclamar al Gobierno de España y la Unión Europea una regulación medioambiental proporcional, consensuada con los principales actores y respaldada por estudios de impacto medioambiental y económico.

"Sin escuchar a las empresas no se van a poder abordar con éxito los grandes retos de la transición verde", ha defendido Matilde García Duarte, presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged).

El sector se reconoce cansado de la manera de abordar estas medidas por parte del Gobierno, que se ha adelantado en varios años a la agenda medioambiental europea, no consulta las medidas con los actores afectados y ha sentado un precedente de unilateralidad que tendrá importantes consecuencias en materia de seguridad jurídica y competitividad.

Ignacio García Margazo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), ha puesto el foco en el ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que "debería dar seguridad jurídica y consultar a los afectados por la regulación para que se puedan dar las mejores condiciones para cumplirla".

Los principales actores del sector observan con preocupación el incremento de los costes y los problemas de unidad de mercado que producen las discrepancias entre las normativas nacional y europea en materia de envases y residuos de envases.

El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Mauricio García de Quevedo, ha lamentado que "la reglamentación española tendrá unas consecuencias económicas, de inseguridad jurídica y de competitividad tremendas".

Por todo ello, reivindican un marco regulatorio "bien orientado, basado en estudios técnicos y que facilite la adaptación de las empresas al proceso de transición sostenible con el que toda la cadena de valor del gran consumo está comprometida", han declarado las tres organizaciones en un comunicado conjunto.

José María Bonmatí, presidente de Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), ha defendido la necesidad de lograr, entre los actores institucionales y empresariales, de "lograr una compatibilidad entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico".

"Es clave homogeneizar y acompasar las normativas comunitarias con las de los Estados Miembros para no perder competitividad, y se debe facilitar la libre circulación de personas, capitales y mercancías", ha insistido el presidente de Aecoc.

El decreto de envases español, en el punto de mira

Una de las medidas que ha despertado mayor malestar entre los actores del gran consumo es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases español, que "no ha tenido en cuenta ni el calendario ni algunas de las consideraciones del Reglamento Europeo, aprobado por el Parlamento europeo el pasado 24 de abril", explican las mencionadas organizaciones.

La legislación española discrepa de la futura legislación europea en dos aspectos clave como la reutilización de los envases y el marcado y etiquetado de los mismos.

"En materia de reutilización, el Real Decreto español obliga a que los establecimientos minoristas de alimentación tengan, en función de su superficie comercial, un determinado número de referencias de bebidas en envases reutilizables a partir del 1 de enero de 2025, mientras que el Reglamento europeo no impone objetivos vinculantes hasta 2030", ha precisado García Margazo.

"A pesar de nuestras advertencias, el impacto de esta medida no ha sido medido por los ministerios competentes. Hay que tener en cuenta que el comercio en España es muy diferente al del resto de Europa, por lo que hemos pedido que se tenga en cuenta al comercio de proximidad y el formato tan intensivo que se tiene aquí. Además, no existe la infraestructura para acometer una revolución de tan gran calado para las tiendas y la logística, si se quiere hacer correctamente. Hoy en día, no es obligatorio para todas las tiendas en ningún país de Europa", ha defendido el director general de Asedas.

"Solicitamos la adecuación del Real Decreto de Envases para adaptarlo a los plazos y las exigencias del reglamento europeo", ha defendido García de Quevedo.

García Duarte, por su parte, se ha preguntado por su parte "qué sentido tiene adelantarnos cinco años a las reglas europeas sobre el reutilizado de envases".

"Solicitamos la adecuación del real decreto de envases para adaptarlo a los plazos y las exigencias del reglamento europeo", ha insistido la presidenta de Anged.

Además, a día de hoy los sistemas de reutilización de envases domésticos que exige la ley no existen, por lo que será necesario desarrollar una nueva industria, con nuevas infraestructuras y procesos logísticos, han defendido las organizaciones convocantes.

Esto se traducirá en inversiones millonarias que las organizaciones de gran consumo están tratando de precisar a través de un estudio que, según ha avanzado Mauricio García de Quevedo, verá la luz entre julio y septiembre de este año.

"Como parte de esta disposición, el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes, los hayan vendido ellos o no, y sean del operador que sean. Esto implica que cada tienda tendrá que invertir entre 50.000 y 150.000 euros para poder adaptarse a las exigencias de la ley", ha precisado García Margazo.

"En España hay, actualmente, cerca de 25.000 establecimientos, lo que con el actual modelo comercial se hace imposible de gestionar, por no mencionar que la medida no cuenta con un estudio de impacto ambiental y económico que determine en qué condiciones el uso de envases reutilizables retornables es mejor que el sistema actual".

El marcado y etiquetado de envases, otra fuente de problemas

Con respecto al marcado y etiquetado de envases de alimentación y bebidas, Mauricio García de Quevedo ha advertido que "el Real Decreto español establece una serie de consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases".

"Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio”, ha precisado.

Asimismo, el presidente de Fiab ha lamentado que España no permita el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, mientras que el Reglamento europeo sí autoriza expresamente esta opción.

"Los QR permitirían mejorar la recogida separada de envases y evitarían buena parte del impacto económico y medioambiental del envasado, que además deberá adaptarse a cada país y cada región", ha puntualizado García de Quevedo.

Por otra parte, la nueva ley española obliga a identificar y marcar los envases que sean reutilizables, lo que aplicará a botellas, barriles, tanquetas, cajas, palets y otros envases, muchos de ellos empleados en circuitos cerrados, que actualmente no incluyen este marcaje.

Por si fuera poco, el Reglamento europeo de envases aprobará un marcado armonizado distinto al desarrollado en España, lo que comportará inversiones adicionales en nuestro país de "considerable impacto económico y medioambiental", han lamentado los organizadores.

Asimismo, la presidenta de Anged ha recordado que, según datos de Eurocommerce, en la próxima legislatura europea se van a abordar, en el ámbito comunitario, alrededor de 600 regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y que afectan a las empresas.

El evento ha contado también con la participación de Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe), Beatriz Blasco, directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) y Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, además del respaldo de Aces.

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