La sociedad Pescanova S.A., conocida como la "vieja Pescanova", se encuentra en una delicada situación financiera pese a su reducida actividad. La compañía cerró el primer trimestre de 2026 con unas pérdidas de 17.000 euros —en el mismo periodo del año pasado, fueron de 2.000 euros negativos— y se enfrenta a una condena en costas que podría obligar a su liquidación.

La facturación, de apenas 81.000 euros, procedente fundamentalmente del apoyo anual que recibe de Nueva Pescanova en virtud de los acuerdos de segregación aprobados tras la reestructuración del grupo. Por el lado de los costes, la mayor parte corresponde a gastos generales, honorarios de asesores externos (20.000 euros), remuneración del consejo (43.000 euros) y provisiones y gastos financieros (35.000 euros), resultado de una estructur alimitada pero insostenible sin ingresos. 

Más allá de su evolución operativa, el principal riesgo para la sociedad se sitúa en el frente judicial. Pescanova S.A. ha presentado un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que le reclama el pago de una deuda de 300 millones de euros vinculada a créditos con la banca. La compañía ha advertido de que una eventual condena en costas, dada la elevada cuantía del procedimiento, sería "inasumible" y podría abocar a la sociedad a su liquidación.

Este escenario supone un nuevo capítulo en la crisis iniciada en 2013, cuando el grupo se declaró en concurso de acreedores, dando paso dos años después a su división en dos empresas. Desde entonces, la vieja Pescanova ha quedado como una sociedad de cartera, sin actividad productiva, mientras que Nueva Pescanova ha asumido el negocio industrial y comercial.

Precisamente esta última ha comenzado a mostrar signos de recuperación en 2025, ejercicio en el que ha declarado una facturación de 1.053,6 millones de euros, un 7,3% más, y ha logrado un beneficio neto de 1,1 millones, regresando a números positivos después de varios ejercicios en pérdidas. Una mejora operativa que contrasta con la fragilidad jurídica y financiera de la matriz histórica, cuyo futuro depende ahora de los tribunales.