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UPA pide a la distribución seguir el ejemplo de Carrefour

La enseña ha subido ligeramente el precio de la carne de pollo. La organización cree que esta medida puede "salvar" al sector.

Redacción

04 de julio 2017 - 11:38

Sección de carne de ave en Carrefour
Sección de carne de ave en Carrefour / Redacción FRS

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha instado a todas las empresas de distribución en España a que tomen ejemplo de una de ellas, en concreto Carrefour, que acaba de subir ligeramente el precio de la carne de pollo, hasta los 2,29 euros/Kg.

La organización agraria ha explicado que estos pocos céntimos de subida del pollo en los lineales de la enseña “no suponen una gran diferencia para el consumidor, pero sí para los ganaderos”. Además, considera que esta medida “impulsará la supervivencia de muchas granjas y, de esta manera, la soberanía alimentaria de España”.

UPA ha recordado dos factores importantes para entender la crisis que atraviesan los productores de carne de pollo. Por un lado, esta carne suele usarse como producto reclamo, por lo que el precio ha descendido en los últimos años hasta situarse en torno a los 2,18 euros/Kg., un precio que provoca una disminución de la rentabilidad para los ganaderos avícolas y genera “la ruina del sector”.

Por el otro, el sector está atravesando un proceso de “reestructuración silenciosa”. “Mientras las empresas integradoras están poniendo obstáculos logísticos a muchas granjas de ciertos territorios, desde la Administración se está promoviendo la instalación de numerosas granjas en otras zonas, a través de la política de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas. La consecuencia de este proceso de reestructuración es el cierre de numerosas explotaciones y la ruina de sus ganaderos”, argumenta la organización.

Por todo ello, UPA pide que las empresas de la gran distribución tomen ejemplo y adopten este pequeño incremento del precio “que puede salvar al sector de nuestro país”, asegura. Asimismo, reclama un plan de ordenación consensuado entre los ganaderos, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, “que permita un desarrollo sostenible del sector y elimine los riesgos a los que puede conducir la actual situación, como es el cierre masivo de explotaciones”.

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