Legislación | Luz verde a la reforma de la cadena alimentaria

El anteproyecto de ley, que comienza su tramitación, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.

Luz verde a la reforma de la cadena alimentaria
Un agricultor trabajando en su campo de cultivo

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), ha sometido este martes a informe el anteproyecto de ley que modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

La revisión de la ley de 2013 introducirá nuevas medidas de mayor calado contra las prácticas comerciales desleales, no recogidas en la legislación española, lo que supone un "avance capital" para luchar contra prácticas que distorsionan las relaciones en la cadena. De esta forma, se favorecen las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria y se preserva lo ya aprobado mediante el real decreto-ley de febrero, informa el Mapa.

El anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros

El anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.

Asimismo, se protege a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales, por lo que los productos importados tendrán que atenerse a las prácticas comerciales contenidas en el anteproyecto de ley de la cadena.

La norma se aplicará a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando uno de los dos esté establecido en la Unión Europea (UE), por lo que deja de ser necesario que ambos estén radicados en la UE. Este cambio permitirá "una mejor protección a los operadores españoles" en un sector marcadamente vinculado al comercio internacional. "La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español", señala el Ministerio.

Este anteproyecto incorpora nuevas condiciones relativas al contenido de los contratos, como las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.

NUEVAS INFRACCIONES

Respecto a las sanciones, se incorporan algunas nuevas infracciones para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la nueva redacción que se propone para la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

Entre las leves destacan la cancelación, por cualquiera de las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor. Y la devolución, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

Como graves se incorporan incumplir la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección; y la obstrucción a la inspección.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. En el ámbito autonómico se designarán autoridades que velarán por el cumplimiento de la ley y que tendrán, al menos, las funciones atribuidas a la Agencia.

En consonancia con lo dispuesto en la directiva se amplían las facultades de la autoridad encargada de resolver el expediente sancionador. Así, además de la multa podrá acordar que se ponga fin a la práctica comercial prohibida y fijar una indemnización a favor del perjudicado por dicha práctica.

El anteproyecto de ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza ahora los restantes trámites y consultas preceptivas. El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño.

SOLUCIONES

El ministro Luis Planas ha señalado tres elementos básicos a los que el Gobierno buscar dar solución con esta nueva norma: desequilibrio entre los distintos elementos de la cadena, la falta de transparencia en la formación de precios y la debilidad de agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los demás eslabones.

"El Gobierno de España se mantiene firme en su compromiso para dar respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos con el objetivo de fortalecer su posición negociadora, dotar de mayor transparencia la formación de precios en el conjunto de la cadena y fomentar un reparto justo del valor añadido", asegura el Mapa.

Según el ministro, se trata de un "paso adelante muy importante" por el propio contenido legal de la norma y porque constituye, junto al decreto ley aprobado en el mes de febrero, "un proceso de transformación estructural de nuestro sector primario y agroalimentario fundamental", desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la planificación empresarial.

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