La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) ha denunciado la "ambigüedad y difícil aplicación" en la práctica del Coste Efectivo de Producción y ha pedido una mejora de la Ley en esta materia. Así, lo ha manifestado el director general de esta entidad, Mauricio García de Quevedo, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
En este marco, se ha incidido en la importancia de la industria como eslabón central de la cadena alimentaria. Fiab considera necesaria una reforma que abogue por unas "relaciones comerciales equilibradas, transparentes y justas". "Todos buscamos una cadena más fuerte y en la que el valor se reparta en todos los eslabones, pero que, al mismo tiempo, garantice un sector competitivo", ha subrayado García de Quevedo.
"Esta medida plantea incertidumbre e inseguridad jurídica debido a toda la casuística que puede entrar en juego, como el propio cálculo de los costes, los cambios sobrevenidos en los precios o la eficiencia en la gestión de las producciones, además de obviar la realidad del mercado y los cambios entre oferta y demanda, entre otros muchos aspectos. Vemos una difícil aplicación práctica", ha añadido el director general de la Federación.
VENTA A PÉRDIDAS
Otro aspecto puesto de manifiesto por la industria alimentaria es la importancia de que se regule adecuadamente la venta a pérdidas, incluyendo el último eslabón de la cadena, lo que garantizará la creación de valor en todos los eslabones de la misma.
En cuanto a los plazos de pago, desde la Federación se considera que la reforma de la Ley debe contemplar que los productos frescos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días, como el resto de productos. García de Quevedo también ha resaltado la importancia de dotar de competencia plena a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad especializada de control de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.
Fiab recuerda que España fue pionera en Europa en aprobar la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena, aprobada en 2013 con el consenso de todos los eslabones, y que, desde su entrada en vigor, las relaciones comerciales han mejorado sustancialmente. "Para que esta reforma sea viable, aplicable y con garantía de éxito deben tenerse en cuenta todos los puntos de vista, los de los agentes públicos y privados. Es del interés de todos aumentar la competitividad todo el sector alimentario, lo que será beneficioso para la economía y el conjunto de la sociedad", asegura García de Quevedo.
