El sector de la Alimentación destaca por su reducida litigiosidad dentro del sistema de franquicias español. Aunque representa el 14,5% de los establecimientos franquiciados, solo concentra el 6,2% de los procedimientos judiciales analizados por la Asociación Española de la Franquicia (AEF).

La estabilidad de la demanda, el peso de las tiendas propias en las cadenas y la capacidad de las centrales para buscar soluciones cuando un negocio no funciona son algunos de los factores que pueden explicar este comportamiento, según expuso Eduardo Abadía, director ejecutivo de la AEF, durante la presentación del X Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias en España.

El informe, elaborado por el Comité de Expertos Jurídicos de la AEF con la colaboración de BBVA, analiza las sentencias dictadas entre 1995 y 2025. En esos 30 años se contabilizaron 1.094 resoluciones judiciales, dictadas en las Audiencias Provinciales, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para el conjunto del sistema de franquicias, la litigiosidad media se sitúa en el 0,09%, con una media de 35 sentencias anuales.

Por sectores, Hostelería/Restauración encabeza la clasificación, con 118 procedimientos, seguida de Moda, con 114. A continuación figuran Belleza/Estética, con 84 litigios; Servicios de Transporte, con 49, y Servicios Inmobiliarios, con 46.

Una demanda menos expuesta a la volatilidad

Abadía explicó que no existe una única causa que justifique la baja litigiosidad de la Alimentación, pero señaló varios factores que pueden contribuir a ella: "Son negocios muy sólidos", afirmó, en referencia a una actividad que no puede dejar de funcionar: "La gente come todos los días".

Jordi Ruiz de Villa, presidente del Comité de Expertos Jurídicos de la AEF, contrapuso esta estabilidad a la de la Moda, cuyas ventas pueden verse condicionadas por factores como la climatología: "Un invierno cálido, por ejemplo, puede reducir la comercialización de prendas de abrigo, que suelen aportar márgenes elevados, y perjudicar los resultados del franquiciado. En alimentación, en cambio, la demanda cotidiana presenta una menor volatilidad y una menor exposición a este tipo de razones externas", señaló.

Otro elemento relevante es la estructura de las cadenas. Según Abadía, las empresas de alimentación suelen contar con un elevado porcentaje de tiendas propias y una proporción menor de establecimientos franquiciados: "El sector alimentación cuenta con la consolidación de marcas potentes y la existencia de mecanismos de gestión y resolución de conflictos más desarrollados", apuntó.

Además, añadió el directivo, "cuando una tienda no funciona, el problema suele estar relacionado con la ubicación, la insuficiencia del mercado disponible o la aparición de un competidor cercano, y no con una caída general de la demanda". En estos casos, las centrales pueden buscar alternativas para que el franquiciado continúe su actividad en otro emplazamiento y evitar que una experiencia fallida termine en los tribunales.

Abadía destacó también la importancia de la relación entre las partes: el franquiciador debe procurar que el franquiciado gane dinero y, cuando el negocio no resulta viable, lo habitual es que busque "una salida amistosa o amigable". En su opinión, la profesionalización de los franquiciados contribuye igualmente a unas relaciones empresariales más maduras.

Los franquiciadores instan más procedimientos

En el conjunto del sistema, el 58,20% de los procedimientos han sido instados por el franquiciador, según recoge el estudio, al tiempo que el porcentaje medio de resoluciones favorables para los franquiciadores es del 67%.

Para Abadía, estos datos cuestionan la percepción de que las centrales son necesariamente la parte dominante en los conflictos. Asimismo, la presidenta de la AEF, Luisa Masuet, destacó que el estudio demuestra, con datos objetivos y fiables, que "la franquicia no es un sistema de negocio conflictivo". La media de 35 sentencias anuales durante tres décadas refleja, añadió, "el escaso número de conflictos que llegan a los tribunales entre franquiciadores y franquiciados".

Entre los principales motivos de litigio figuran los impagos de cánones y royalties, los incumplimientos de las cláusulas de no competencia, la comercialización de productos o la contratación de proveedores no autorizados y la falta de asistencia técnica por parte del franquiciador. También aparecen las controversias sobre la nulidad o resolución del contrato, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y la fijación de precios.

La negociación como vía de prevención

Durante la mesa redonda posterior, el presidente del Comité de Expertos Jurídicos de la AEF incidió en la importancia de las buenas prácticas para resolver las diferencias de forma negociada: "Cuando un negocio no cumple las expectativas, puede generarse una situación de desafección entre las partes, pero los mecanismos de diálogo y resolución de problemas ayudan a evitar que los conflictos escalen", subrayó Jordi Ruiz.

Los representantes de BBVA recomendaron, por su parte, extremar las precauciones en las operaciones financieras. Entre las medidas preventivas destacaron comprobar por teléfono cualquier cambio en los datos bancarios de un proveedor o socio habitual y verificar que el titular de la cuenta de destino coincide con el beneficiario previsto, para evitar fraudes mediante la suplantación de identidad o la manipulación de facturas.

La mesa redonda abordó también la protección del conocimiento propio de las franquicias ante el avance de la inteligencia artificial. Ruiz de Villa advirtió de que "el saber hacer de una cadena incluye no solo sus procedimientos operativos, sino también su gobernanza", así como otros elementos que le proporcionan una ventaja competitiva. Por ello, defendió la necesidad de establecer reglas claras para el uso de estas herramientas y evitar que la información estratégica se comparta sin las debidas garantías.

En este sentido, Juan José Asegurado, responsable SSJJ Empresas  BBVA en España, instó al sector de la franquicia a aplicar siempre la regla del 3-2-1 como medida de prevención para proteger la información y facilitar su recuperación ante posibles incidentes, incluidos los ataques de ransomware: mantener tres copias de los datos, en dos soportes diferentes y una fuera de la ubicación principal.