Cuando alguna institución, comité o entidad recomienda al Gobierno una subida del IVA o una reclasificación de los productos por tipos, el gran consumo reacciona conjunta y públicamente, de forma tajante y con el discurso bien aprendido. Una modificación impositiva de ese calibre tiene consecuencias muy negativas para el sector y la economía española.

Hace escasos días, el FMI y la Comisión Europea recomendaron al Gobierno subir el IVA. La respuesta del sector (Aecoc, Asedas, Aces, Anged, Fehr, Fehrcarem, Cec, Promarca, Fiab y las cooperativas agroalimentarias) no se ha hecho esperar. En un comunicado conjunto, rechazan de plano tales recomendaciones que pondrían en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y, por ende, de la economía nacional en su conjunto.

Las asociaciones critican a estos dos organismos por no tener en cuenta con estas recomendaciones los esfuerzos y ajustes realizados por la sociedad y el empresariado en nuestro país.

Estas entidades cifran una hipotética reclasificación al 21% de los productos que tributan actualmente al 10% en una disminución del 9,3% de la renta disponible, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros.

Los productos gravados al 10% representan prácticamente dos tercios del gasto, incluidos productos básicos de la cesta de la compra.

El gran consumo, que valora positivamente que el Gobierno haya manifestado su intención de no tocar este impuesto, reitera que los esfuerzos deben dirigirse a la lucha contra el fraude fiscal, que representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB. Y es que, según estas agrupaciones, si se redujera a la mitad este fraude, el déficit actual disminuiría en más de 3 puntos.