Las Cortes Generales han concluido el procedimiento de ratificación del acuerdo de pesca entre España y Portugal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y tendrá una duración de cinco años.

La aprobación del pacto por parte del Parlamento es el último trámite antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de su entrada en vigor, que supondrá una mejora en la gestión de los recursos y "dará estabilidad a las flotas de ambos países", según ha destacado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un comunicado.

En junio, España y Portugal suscribieron este convenio, que renueva por cinco años prorrogables a dos más el pacto que desde 1986 rige y armoniza las condiciones de la actividad de las flotas de los dos países en aguas limítrofes.

Entre los principales aspectos, establece que los buques de arrastre españoles y portugueses deberán respetar los horarios de actividad establecidos para esta modalidad en las aguas del otro país.

En el caso de la actividad pesquera de arrastre que se pueda realizar los fines de semana, las capturas sólo se podrán descargar en los puertos del otro país a partir de las 00:00 horas del martes.

Esta medida responde a una de las reivindicaciones realizada por la flota española, que está obligada a parar por normativa nacional durante el fin de semana, a diferencia de la flota portuguesa, que no lo tiene prohibido.

También incluye la autorización para desembarcar en puertos españoles y portugueses, con independencia de donde vaya a realizarse posteriormente la primera venta.

Los buques deberán pagar las tasas del país donde se realice el desembarque y acompañar las capturas con un documento de transporte hasta el lugar de la primera venta.

El pacto recoge también medidas técnicas, como la prohibición del tren de bolos en las aguas españolas; la armonización de medidas de gestión, como la veda biológica para el arrastre en otoño del golfo de Cádiz.

Además, mantiene las principales posibilidades de pesca en forma de número de licencias para ambas flotas, tanto en las aguas continentales como en las de los acuerdos fronterizos del Miño y el Guadiana.

Afecta sobre todo a la flota de arrastre del Cantábrico Noroeste y a las flotas de cerco y arrastre del Golfo de Cádiz.