La cuestión agraria: de preferentes a preteridos

En el título pretendo recoger dos paradojas: la enunciada por Kaustky, que auguraba la desaparición de las pequeñas explotaciones por el influjo del capitalismo urbano industrial, y que ahora, en Europa, está sucediendo de forma acelerada, según lo predicho, pero por la ideología ecologista… ¡de la izquierda!; y la de una Política Agrícola Común que se creó para asegurar una agricultura prioritaria, pero que, cincuenta años después, la prioridad se la otorga a los productos de importación que compiten con ella.

Hace dos años, en el Anuario de la Innovación de FRS, explicaba que el impacto de las nuevas tecnologías estaba calando en la sociedad, cambiándola, facilitando que, al no necesitar acumular datos en nuestra memoria por tenerlos a mano en los smartphones, perdamos capacidad de razonar.

Si en el Medievo el retraso del conocimiento científico permitió que se prolongara durante siglos una sociedad inculta, gestionada por creencias, entonces religiosas, ahora, cuando más avance científico tenemos, volvemos a perder cultura y a estar gestionados por creencias, esta vez ideológicas. Nuestro futuro es volver al pasado.

Y no solo en la doctrina, sino en la forma en que se impone la gestión: una verdad única, asentada en miles de normas, que eleva muros a los discrepantes y socialmente los cancela, lo que sorprende más en un país que toda la transición democrática la hizo sobre la base de la discusión y el consenso.

BUENAS PERSPECTIVAS DE MERCADO

Tenemos unas perspectivas de mercado buenas en el sector alimentario. En veinte años debemos producir alimentos para 2.000 millones más de humanos y estamos en el mercado europeo, con rentas altas y estabilidad. Somos competitivos y exportamos; realmente salir del desánimo sería fácil, si nuestros gobernantes rectificaran su discurso y la forma de imponerlo.

3.643 normas limitantes agrarias y 3.308 ambientalistas, solo en el año 2022, son demasiadas, sobre todo sabiendo que la emisión de Gases de Efecto Invernadero de nuestra agricultura es, anualmente, y según datos de la propia Comisión Europea, el 0,012% del total mundial; y cuando de la misma fuente se destaca que China, en el pasado año 2023, emitió el 31,2% del total, habiendo aumentado, en un año, el 1,2%: 100 veces nuestras emisiones. No se entienden las prisas.

Y salir del desánimo sería más fácil si las organizaciones representativas realmente fueran efectivas, que no lo son. La ira agraria saltó por grupos de whatsapp y apenas se ve oposición diaria al atropello normativo, a que se impongan obligaciones digitales a un colectivo nacido analógico y que no siempre tiene cobertura en sus empresas o al desmantelamiento del apoyo institucional a la industria transformadora.

Tampoco tenemos, como tuvimos, organizaciones de consumidores preparadas y constructivas que exijan una legislación alimentaria que no permita los engaños en el etiquetado. En el Medievo, tampoco floreció la sociedad civil.

JUEGO DE LA COMPETENCIA

Si existiera, su clamor no permitiría que, en el creado como “Mercado Común” y consolidado como “mercado único”, no se exija a todas las partes, también las administrativas, lo que dispone el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”.

Exactamente la inexistencia de las cláusulas espejo falsea el juego de la competencia en el mercado interior comunitario. Y un último apunte: la cadena no funciona porque los eslabones colaboran cada vez menos entre ellos. La vieja filosofía de los minoristas franceses de hacer el beneficio de cómo se compra, en vez de cómo se vende, se va generalizando. Y siempre ha sido el origen de las tensiones, que hoy se acrecientan en nuestro sector.

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