La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha exigido a la Unión Europea un endurecimiento de los controles en frontera para evitar que se introduzcan en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, tal y como se ha venido realizando hasta el momento.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE publicada este miércoles reconoce que los territorios del Sáhara Occidental están fuera del acuerdo comercial con Marruecos porque el derecho internacional no reconoce la soberanía del reino alauita sobre los mismos.

De esta manera, según Coag, “sería ilegal que las producciones del Sáhara entraran en la UE bajo las condiciones del acuerdo con Marruecos”. No obstante, la sentencia va en la línea de las declaraciones realizadas recientemente por la ministra Agricultura, Isabel García Tejerina, en las que se mostraba favorable a “mantener las relaciones comerciales con Marruecos”.

“Lamentamos esta postura, ya que se priorizan los acuerdos que dañan seriamente los intereses de los agricultores españoles y dificultan la libre elección de los consumidores europeos”, ha afirmado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la coordinadora.

Coag ya denunció en noviembre de 2012 que el Acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulneraba la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental.

La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Sobre esta cuestión, hay pendiente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a una demanda interpuesta por el Frente Polisario.

El sector de frutas y hortalizas genera en España la mitad del empleo agrario, más de un tercio de la producción final agraria y tiene un importante peso en la balanza comercial, (la campaña pasada, el valor de la exportación se elevó a los 10.500 millones de euros). La renovación del acuerdo suponía un duro mazazo a la economía y al empleo. Sólo el aumento del contingente de tomate representaba una pérdida de 350.000 jornales anuales en España, asegura la coordinadora.