El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este jueves que la modificación de la ley de la cadena alimentaria propicia la generación de valor en todos los eslabones de la cadena, pero especialmente en el primero: agricultores y ganaderos. “Trabajamos por dignificar la retribución de agricultores y ganaderos”, ha recalcado el ministro. 

Una afirmación que se produce al tiempo que continúan en el Congreso de los Diputados las ponencias sobre la modificación de la ley de la cadena alimentaria impulsada por el Gobierno bajo la premisa, recuerda el Ejecutivo, de que "la venta a resultas del precio que obtenga en el siguiente escalón de comercialización destruye valor y no se puede permitir, sobre todo, si el objetivo es generar actividad económica y empleo en los pueblos".

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramás, cree que es posible mantener los precios de los  productos pese al reconocimiento de los costes de producción en los contratos a lo largo de la cadena alimentaria.

Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados su director general, Ignacio García Magarzo, que ha expresado el compromiso de Asedas para que incorporar los costes de producción a la nueva regulación "no afecte ni perjudique a la producción nacional ni incrementando los precios". "Trabajaremos para que no sea así", ha respondido Magarzo ante los augurios de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas sobre un futuro aumento de los precios.

Preguntado por si este reconocimiento de costes afectará también al peso de la producción nacional en la oferta, ha asegurado que supone actualmente más del 90% y la distribución quiere que siga siendo así: "No tenemos interés en deslocalizar la producción, salvo por razones de estacionalidad", ha dicho, señalando que esta circunstancia "hace que muchas veces los propios productores produzcan fuera".

En este sentido, ha defendido "evitar cosas que enseñan las crisis" y ha aseverado que "no se puede poner el futuro de la comercialización de productos en otros países". "No tenemos ningún interés en aumentar el peso de productos que importamos. Los productores son nuestros clientes, nos interesa que les vaya bien", ha manifestado.

PRODUCCIÓN NACIONAL, VENTA A PÉRDIDAS Y PROMOCIONES

Por su parte, el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, ha considerado un "error" que la ley dificulte las actividades promocionales. "Sería un error gravísimo, porque la mayoría de las promociones no vienen inducidas por el comerciante, vienen promovidas por un industrial que tiene unos problemas puntuales de exceso de stock y quiere darle salida y, por tanto, si se hace hace una promoción sin incurrir en venta a pérdida ¿por que no se puede beneficiar al consumidor?", se ha preguntado.

Asimismo, ha resaltado el va

Millán-Astray, además, ha resaltado el valor de la cadena alimentaria teniendo en cuenta que el nivel de precios que pagan los consumidores en España está seis puntos por debajo de la media europea. "Estamos ofreciendo muy buenos niveles de precio al consumidor, estamos mejorando su capacidad adquisitiva", ha indicado.

Respecto al ámbito de aplicación de la norma, el director general de Anged ha afirmado que el espíritu de la ley es corregir los desequilibrios que se producen en la cadena y proteger al agricultor, el eslabón "más debil", ha señalado.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), otra de las comparecientes en la Cámara Baja durante este jueves, ha denunciado la "ambigüedad y difícil aplicación" en la práctica del Coste Efectivo de Producción y ha pedido una mejora de la Ley en esta materia. Así, lo ha manifestado el director general de esta entidad, Mauricio García de Quevedo.

En este marco, se ha incidido en la importancia de la industria como eslabón central de la cadena alimentaria. Fiab considera necesaria una reforma que abogue por unas "relaciones comerciales equilibradas, transparentes y justas". "Todos buscamos una cadena más fuerte y en la que el valor se reparta en todos los eslabones, pero que, al mismo tiempo, garantice un sector competitivo", ha subrayado García de Quevedo.

Desde la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), por su parte, se han rechazado las exigencias de contratación que extiende la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria a las relaciones entre los grandes grupos y que, hasta ahora, se aplicaban cuando existía una situación de desequilibrio.

Aurelio del Pino, presidente de Aces, ha señalado que no existe un desequilibrio entre las grandes empresas y, por tanto, "no hay nada que justifique el intervencionismo o la tutela de la Administración cuando negocian grandes compañías distribuidoras con grandes empresas de la industria agroalimentaria".
No sólo frente a la ley en discusión ahora en el Congreso, ha incidido, sino ya frente al primer decreto ley aprobado hace casi ya un año por el Gobierno, en lo que respecta a la promoción de productos. "Una empresa que desarrolla una actividad promocional a nivel nacional no puede estar sometida al criterio interpretativo de un funcionario", ha explicado.