Las organizaciones que representan a la cadena alimentaria (sector primario, industria transformadora y distribución) a las que se suma la restauración, avanzarán en distintas acciones legales contra el impuesto catalán a las bebidas envasadas azucaradas, según indican en un comunicado conjunto. Estos sectores contribuyen en más del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total del país, lo que supone unos 4.300 millones de empleos.

Tras el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto elaborado por Uría Menéndez, las asociaciones del sector agrario (Asaja, Coag, UPA), Cooperativas Agroalimentarias, Aecoc, de la industria (Fiab y Promarca), de los sectores de la distribución (Anged, Asedas y Aces) y también de la restauración (Marcas de Restauración) declaran tener “argumentos claros para recurrir en lo contencioso administrativo el Reglamento del impuesto”.

Consideran que esta norma, que “vulnera principios relevantes” como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros.

Además, estiman que genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las “cargas desproporcionadas” que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Por otra parte, señalan que este impuesto “incumple el Derecho de la Unión Europea”, por lo que también se está valorando presentar una queja a la Comisión Europea.

Estos sectores de la producción agraria, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y la restauración buscan así “frenar una norma, de carácter fundamentalmente recaudatorio, y que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país”, argumentan.