Eroski tendrá que indemnizar a Cristina Cifuentes por vulnerar su intimidad
La Justicia determina que la cadena debió custodiar adecuadamente el vídeo en el que se la veía hurtando unas cremas
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al grupo vasco Eroski a indemnizar con 30.000 euros a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por no custodiar adecuadamente el vídeo en el que se veía supuestamente hurtando unas cremas, ya que vulneró su derecho a la intimidad.
En una sentencia adelantada este jueves por El Confidencial y a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia madrileña declara que la conducta de la cadena de supermercados "es constitutiva de una vulneración del derecho fundamental de Cristina Cifuentes a su intimidad personal, garantizado en el artículo 18 de la Constitución".
Y condena a Eroski a indemnizar a la expresidenta madrileña en la cantidad de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados, al hacerse público un vídeo en el que aparece la demandante en una situación que se considera íntima y personal.
Eroski recurrirá la sentencia de la Audiencia de Madrid. Según informan fuentes de la empresa de distribución, recurrirá la decisión de la Audiencia Provincial en el Tribunal Supremo, ante el que interpondrá un recurso de casación por infracción procesal.
Se trata de una sentencia de la sección vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid que estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Cifuentes contra la sentencia de enero de 2022 del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Majadahonda (Madrid) que desestimó la demanda de la expresidenta por vulneración de sus derechos. En este proceso, la Fiscalía se opuso al recurso de la expresidenta regional.
Cristina Cifuentes dimitió el 25 de abril de 2018 como presidenta de la Comunidad de Madrid pocas horas después de la difusión de un vídeo grabado en 2011 en un supermercado, cuando fue sorprendida supuestamente hurtando unas cremas, y tras varias semanas envuelta en la polémica por las presuntas irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de las que luego fue absuelta.
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