La Unión Europea quiere reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a los distribuidores.

El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un principio de acuerdo político —que aún debe ser aprobado— para promover medidas como la generalización de los contratos escritos entre productores y comercializadores y un refuerzo del papel de las organizaciones de productores dentro de la cadena alimentaria.

El pacto modifica el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y otras normas vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones del sector y mejorar la estabilidad de los ingresos agrícolas. Entre las principales novedades figura la obligación de formalizar contratos por escrito, que deberán incluir cláusulas de revisión para tener en cuenta cambios en los costes de producción, la evolución del mercado o las condiciones económicas, especialmente en acuerdos a largo plazo.

La reforma también pretende reforzar el papel de las organizaciones de productores, simplificando su reconocimiento jurídico y permitiendo a los Estados miembros concederles apoyo financiero adicional. Bruselas confía en que un mayor grado de organización colectiva permita a los agricultores negociar en mejores condiciones con la industria y la distribución, así como facilitar la incorporación de jóvenes productores.

Además, el texto introduce reglas para el uso de términos comerciales como "justo", "equitativo" o "cadena de suministro corta", con el objetivo de mejorar la transparencia para productores y consumidores, e incluye disposiciones para reservar las denominaciones asociadas a la carne exclusivamente a productos cárnicos.

La distribución, más escala y mejor organizada

Sin embargo, la capacidad real de estas medidas para alterar el equilibrio de poder en la cadena alimentaria es difícil de cuantificar. En paralelo a los intentos regulatorios de reforzar la posición del sector primario, la distribución europea ha vivido en los últimos años un intenso proceso de concentración y coordinación de compras que refuerza su capacidad negociadora.

Más allá de las fusiones y adquisiciones, el fenómeno más relevante es la proliferación de grandes centrales de compra internacionales. Estas plataformas permiten a las cadenas negociar de forma conjunta con proveedores para obtener mejores condiciones, una práctica que se ha extendido como respuesta a la presión sobre los márgenes del negocio alimentario, según distintos análisis sectoriales.

En 2024, Auchan, Intermarché y Casino unieron fuerzas para crear Aura Retail, alianza que posteriormente se integró en Everest, una central europea de compras en la que también participan la alemana Edeka y la neerlandesa Picnic. Carrefour, por su parte, estableció en 2023 la central Eureca con sede en Madrid, mientras que E. Leclerc, Rewe y Ahold Delhaize operan conjuntamente a través de Eurelec, con sede en Bélgica. A esta tendencia se suman otras alianzas —que en principio tienen su foco en la negociación con grandes multinacionales—, en las que participan grupos como Eroski, Colruyt, Coop, Kaufland o Conad.

A esta creciente coordinación entre distribuidores se suma otro factor estructural: la capacidad de las cadenas internacionales para aprovisionarse en distintos mercados. Operadores como Lidl o Aldi pueden comprar frutas y verduras allí donde resulten más competitivas y distribuirlas posteriormente en otros países, lo que limita el poder de negociación de los productores de cada país por separado. Con la finalidad de controlar la calidad a lo largo de toda la cadena, otras cadenas han optado incluso por integrar verticalmente las actividades agrarias, como sucede en España con BonÀrea y Ametller Origen.

En este contexto, aunque la reforma de la OCM busca introducir avances contractuales y fortalecer la organización colectiva del sector agrícola, su impacto final será probablemente limitado.