El impuesto del 33% que el Gobierno pretende imponer a los supermercados sigue trayendo de cabeza al sector que, a día de hoy, sigue sin conocer los detalles de esta medida. "Nadie nos ha llamado y esta propuesta no sale de nuestros interlocutores directos y habituales, que son Agricultura o Industria", señalan fuentes del sector consultadas por Vozpópuli.
En estos momentos, el equipo de Yolanda Díaz negocia ya con el PSOE la aplicación de este impuesto extraordinario sobre los márgenes gananciales de los grandes supermercados.
Esta propuesta propuesta toma como base el ejemplo de Portugal, en donde el impuesto a los supermercados -también del 33% sobre los beneficios extraordinarios- se encuentra en la fase final de su tramitación, y se pretende calcular, según las citadas fuentes, en base a la diferencia entre el beneficio medio de los últimos cuatro años y el beneficio obtenido en este ejercicio, cuando la inflación ha estado disparada.
Pero el sector español precisa: "Allí si se habla de beneficios extraordinarios por políticas de precios en marcas de fabricante, hay debate social con consumidores y el Gobierno ha sido sensible sobre ese asunto, pero aquí objetivamente no hay beneficios extraordinarios, tenemos una subida de costes importantísima, y eso está haciendo que empresas de tamaño medio este año por primera vez puedan dar pérdidas", insisten. "En España, gracias a la gran competencia que existe, los márgenes los puedes ampliar solo cuando el producto está más barato, porque cuando está caro, si no lo pones a buen precio no puedes ser competitivo. Es lo que está pasando ahora", subrayan.
"PREOCUPACIÓN" EN EL SECTOR
La "preocupación" del sector es, por lo tanto, muy grande. Y es que los supermercados desconocen por completo cuáles serían las empresas afectadas por este impuesto. "¿Qué quieren decir con grandes supermercados? ¿Eso deja fuera a hipermercados como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés?", se preguntan. En estos últimos casos, reseñan, "¿se atendería a los ingresos por el negocio de alimentación o también a la no-alimentación?", e insisten: "La distribución española está conteniendo los precios todo lo que ha podido pese a la presión de la cadena, porque nadie quiere perder clientes".
El sector dice ir conociendo ciertos detalles a través de la prensa. Es el caso de lo avanzado por Podemos este pasado lunes cuando anunció que también propondrá al PSOE en la prórroga de las medidas del decreto anticrisis para 2023 desplegar un cheque ayuda de entre 250 y 500 euros pagado una sola vez, para beneficiar a ocho millones de habitantes. Este cheque se sufragaría con el impuesto a los beneficios de los distribuidores, a la vez que tendría "un efecto disuasorio para que estas cadenas no eleven los precios".
