Francia ha decidido dar marcha atrás en sus planes para implantar con carácter general un sistema de depósito para el reciclaje de botellas de plástico. Tras tres meses de consultas con administraciones locales, industria y agentes del sector del reciclaje, el Gobierno francés ha anunciado que no establecerá un sistema obligatorio a escala nacional y permitirá, en cambio, que sean las entidades locales interesadas las que puedan adoptarlo voluntariamente.

La decisión, de la que se ha hecho eco este lunes Reuters, supone un cambio relevante en la estrategia francesa para alcanzar los objetivos europeos de recogida y reciclaje. El Ejecutivo francés justifica su decisión, fundamentalmente, por las enormes diferencias existentes en la recogida de envases entre unas zonas y otras. Cerca de 230 entidades intermunicipales, que agrupan a más de 11 millones de habitantes, alcanzan ya una tasa del 77% de recogida de botellas de plástico. En el extremo contrario, alrededor de 45 intermunicipalidades, con más de 14 millones de habitantes, se encuentran por debajo del 35%.

Ante esta disparidad, París considera que imponer el mismo modelo en todo el país alteraría innecesariamente los sistemas de gestión de residuos de aquellas administraciones que ya presentan buenos resultados."Ningún sistema de depósito obligatorio será implantado", sentencia el Ministerio de Transición Ecológica. El planteamiento pasa ahora por permitir su introducción únicamente en las administraciones locales que voluntariamente quieran hacerlo, con especial atención a aquellas que presentan peores resultados de recogida.

Francia, lejos de sus objetivos

La marcha atrás no significa, sin embargo, que Francia haya resuelto su problema con el reciclaje de plástico. Los propios datos oficiales muestran que el país se encuentra entre los Estados miembros más rezagados de la UE.

En 2024, la tasa francesa de reciclaje de los envases de plástico se situó en apenas el 25,7%, mientras que la recogida de botellas de plástico alcanzó el 58,3%. El objetivo europeo es llegar al 90% de recogida en 2029, por lo que Francia tendrá que acelerar significativamente durante los próximos años.

De hecho, solo hace unos meses el discurso del Gobierno apuntaba en una dirección muy diferente. El pasado junio, el ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, advertía de que, ante el incumplimiento de los objetivos, la implantación de la consigna para reciclaje terminaría siendo exigida por la UE a partir de 2029. El Ejecutivo cifraba además en 1.500 millones de euros anuales la aportación francesa al presupuesto comunitario vinculada a sus deficientes resultados en materia de residuos plásticos.

Ahora, Lefèvre defiende el giro hacia un modelo territorial: "Nuestra responsabilidad es elegir las soluciones que funcionan, territorio por territorio, sin penalizar a las colectividades que ya han obtenido muy buenos resultados", ha señalado.

Por su parte, la ministra de Ordenación Territorial y Descentralización, Françoise Gatel, también ha reivindicado el papel de las administraciones locales y sostiene que las soluciones deben construirse con los municipios e intermunicipalidades atendiendo a las características de cada territorio.

El Senado celebra la marcha atrás

La decisión ha sido recibida con especial satisfacción en el Senado francés. Su Comisión de Ordenación Territorial y Desarrollo Sostenible ha celebrado este mismo lunes que el Gobierno haya renunciado definitivamente a imponer un sistema nacional obligatorio y considera que el Ejecutivo ha terminado por escuchar las advertencias planteadas durante los últimos años por la Cámara y las administraciones locales.

Los senadores habían advertido de que concentrar los esfuerzos en las botellas de plástico podía desviar recursos hacia uno de los residuos que mejores resultados de recogida y reciclaje presenta y, al mismo tiempo, alterar el equilibrio económico de los servicios públicos locales de gestión de residuos.

La presidenta del grupo de estudio de Economía Circular del Senado, Marta de Cidrac, ha celebrado así que el Gobierno haya atendido finalmente a las entidades territoriales y haya descartado imponerles un sistema que considera "costoso, complejo e inadaptado" a sus diferentes realidades.

Un giro significativo

Francia no abandona, por tanto, sus objetivos de recogida y reciclaje de plástico, pero sí el principio de que el depósito obligatorio deba convertirse en la solución única para todo el país. El reto será ahora demostrar que un modelo voluntario y territorializado puede cerrar en apenas tres años la considerable distancia que todavía separa al país del objetivo europeo del 90%.

La decisión francesa añade además un nuevo elemento al debate abierto en España sobre la implantación del SDDR, en un momento en el que industria, distribución, gestores de residuos y administraciones deben adaptarse a un marco regulatorio que sigue generando dudas sobre su aplicación práctica. El Reglamento europeo establece como referencia una recogida separada del 90% en 2029 y contempla determinadas posibilidades de exención del SDDR cuando se cumplan las condiciones previstas.

El cambio de rumbo de Francia, uno de los principales mercados de la UE, evidencia en cualquier caso que el camino para alcanzar los objetivos europeos no está resultando uniforme entre los Estados miembros, aumentando la incertidumbre sobre cómo terminarán configurándose estos sistemas en los próximos años.