El próximo 22 de mayo se cumple el plazo extraordinario fijado por la Ley 7/2022 y el reglamento de envases para resolver las autorizaciones de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) que aspiran a gestionar el futuro Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España. Sin embargo, según las fuentes sectoriales consultadas por FRS, "en ningún caso" se llegará a esa fecha con las autorizaciones completadas.

La fecha se ha convertido en un punto crítico para el despliegue del nuevo modelo de recogida de envases de bebidas, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 22 de noviembre de este año, después de que España incumpliera los objetivos europeos de recogida separada de botellas de plástico. El retraso administrativo amenaza ahora con tensionar aún más el calendario.

Precisamente en este contexto, y coincidiendo con la celebración este domingo, 17 de mayo, del Día Mundial del Reciclaje, más de 130 organizaciones sociales, ambientales, vecinales, educativas y de consumidores agrupadas en la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa han reclamado a la Comunidad de Madrid que resuelva "lo antes posible" las autorizaciones pendientes.

En un manifiesto hecho público este jueves, las entidades consideran que la decisión que debe adoptar la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid representa "una oportunidad decisiva para acelerar la transición hacia un modelo mucho más limpio, saludable y circular" en la gestión de los residuos de envases.

Las organizaciones recuerdan además que "el plazo extraordinario para resolver las autorizaciones de las cuatro entidades candidatas a gestionar el sistema finaliza en apenas una semana" y subrayan que cumplir con este procedimiento "no es únicamente una cuestión administrativa, sino una pieza clave para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de reciclaje".

Cómo funciona el proceso de autorización

La tramitación de las autorizaciones corresponde a la Comunidad de Madrid porque las cuatro entidades solicitantes tienen allí su sede social. El procedimiento administrativo se desarrolla en varias fases.

En primer lugar, el solicitante presenta su expediente ante la comunidad autónoma. Posteriormente, la administración autonómica revisa la integridad documental del expediente. Si considera que la documentación es correcta y suficiente, emite una resolución favorable inicial y remite el expediente a la Comisión de Coordinación en materia de residuos.

El informe favorable de esta Comisión -presidida por la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Gómez Palenque- es preceptivo. Una vez superado este trámite, el expediente vuelve a la Comunidad de Madrid para que proceda a la autorización definitiva.

El problema es que el procedimiento llega ahora a una fecha límite sin que esa primera validación documental se haya completado. La Ley 7/2022 y el reglamento de envases establecen un plazo de seis meses, ampliable otros seis, para resolver este tipo de autorizaciones, en línea con los tiempos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Ese plazo máximo de 6+6 meses vence el próximo 22 de mayo.

Fuentes conocedoras del proceso explican que, durante el décimo mes de tramitación, la Comunidad de Madrid remitió a los cuatro solicitantes un requerimiento "muy prolijo", de siete páginas, solicitando documentación adicional y aclaraciones. Los cuatro aspirantes respondieron dentro del plazo establecido.

Tres posibles escenarios

A partir de aquí, el procedimiento puede derivar en tres escenarios distintos. El primero sería el silencio administrativo negativo. Sin embargo, los expertos consultados por FRS lo consideran "totalmente descartable".

La segunda posibilidad es que la Comunidad de Madrid determine que alguno de los solicitantes no ha alcanzado la integridad documental exigida y, por tanto, deniegue la autorización. En ese caso, las fuentes consultadas señalan que sería "el game over" para ese candidato.

El tercer escenario es que la Comunidad de Madrid concluya que la documentación presentada, por varios o todos los candidatos, cumple los requisitos exigidos y remita los expedientes a la Comisión de Coordinación en materia de residuos para continuar la tramitación".

En este sentido, el fundador y presidente de Recircula, Eusebio Martínez de la Casa, considera que "lo más probable es que varios o todos los solicitantes lograrán la integridad documental". A partir de junio entonces, "el MITERD será responsable de la tramitación de los expedientes, deberá gestionar también la solución legal y la fecha de arranque del sistema", añade.

Presión social para acelerar el sistema

El manifiesto difundido este jueves eleva la presión sobre la administración madrileña en un momento especialmente delicado para el futuro del SDDR en España. Las entidades firmantes alertan de que actualmente "alrededor de 35 millones de latas, botellas y briks se pierden diariamente en España", muchos de ellos abandonados en calles, playas, ríos y espacios naturales.

A su juicio, la implantación del sistema de depósito constituye una solución "eficaz y contrastada" que ya funciona "en cerca de 60 países y regiones del mundo", entre ellos Portugal, que puso en marcha su sistema el pasado mes de abril.

El comunicado recuerda además que la obligación de implantar un sistema estatal se activó automáticamente después de que España no alcanzara en 2023 el objetivo mínimo del 70% de recogida separada de botellas de plástico de bebidas, quedándose en un 41,3%. "Ante esta realidad, no estamos hablando de una medida simbólica, sino de una infraestructura estratégica para construir un modelo económico más eficiente, resiliente y alineado con las exigencias ambientales actuales", destacan las organizaciones.

El manifiesto concluye con un llamamiento directo a la Comunidad de Madrid para que actúe "con responsabilidad, visión de futuro y ambición", resolviendo las autorizaciones pendientes dentro del plazo establecido.

"Estamos ante una oportunidad extraordinaria para reducir casi por completo la contaminación provocada por los envases de bebidas, recuperar materiales de alta calidad y avanzar hacia el regreso de los envases reutilizables a tiendas y supermercados", señalan las entidades, que cierran el texto con una pregunta cargada de simbolismo político y administrativo: "¿Seguiremos permitiendo que una decisión administrativa retrase a todo un país?".