El Congreso ha rechazado este martes la propuesta de Sumar para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, así como las ventas a menores de 18 cuando rebasen ciertos límites de cafeína, además de restricciones a la publicidad de alimentos no saludables dirigida a este colectivo por cualquier canal.

Lo ha hecho con los votos en contra del PP, Vox, Junts y Coalición Canaria (178) y cinco abstenciones del PNV, frente al respaldo del resto de grupos (166 votos). 

La iniciativa es el punto culminante a una creciente actividad política por parte de varios grupos para restringir el consumo de bebidas energéitcas. A inicios de año Galicia se convirtió en la primera comunidad autónoma en prohibir las bebidas energéticas a menores de 18 años, mientras que Asturias ha tramitado una norma similar para restringir el acceso de los menores de 16.

Com parte de su propuesta de ley, Sumar proponía siete medidas destinadas a "promocionar la alimentación saludable": prohibir la publicidad de productos que "no cumplan perfiles OMS" en cualquier medio, incluir advertencias obligatorias con sellos en negro que ocupen al menos el 20% del anuncio y establecer zonas de especial protección, de modo que no pueda haber anuncios a menos de 150 metros de colegios, parques, instalaciones deportivas, bibliotecas o centros de salud.

También planteaba eliminar personajes, mascotas y dibujos del etiquetado, imponer un control del entorno digital, prohibir las bebidas energéticas con más de 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros a menores de 16 años y las de más de 32 miligramos a los de menos de 18, como han hecho Galicia y Asturias, y fomentar la alimentación saludable con campañas informativas, huertos escolares o un registro público de alimentos sanos.

Además, establecía un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros y, en casos graves, de hasta ocho veces la facturación. 

En la defensa de su iniciativa, que excluye alimentos como la leche y el aceite de oliva, el diputado Félix Alonso ha justificado que un niño "puede llegar a ver el doble de publicidad de comida basura que otro" en función de su nivel de renta. Esto explica, en parte, un índice de sobrepeso infantil que alcanza el 40%.

McDonald's y Burger King, en el punto de mira

Alonso ha querido "poner nombres" a esta realidad: "En McDonalds, un niño puede conseguir un muñeco de 'Stranger Things' si se come un 'Happy meal'". 

"La 'Kings League' de Gerard Piqué, patrocinada por Burger King, celebra los goles comiendo 'whoppers' en directo. A Aitana le hicieron su propio menú personalizado y confesó que no podía comérselo porque es celíaca", ha proseguido. 

El código de autorregulación de la industria, ha subrayado, sólo ha ganado la adhesión de dos empresas. "Frente a esta industria hay una alternativa que no necesita publicidad: la cocina casera", ha asegurado. 

María Elisa Vedrina, del PP, ha compartido que la iniciativa "parte de una preocupación legítima", pero presenta "dos debilidades": la forma de tramitarla mediante una proposición de ley y no un proyecto de ley, lo que "revela la dificultad del Ejecutivo para alcanzar consenso", y una "limitación de enfoque" con el que pretenden abordar un desafío sanitario "de enorme complejidad". 

"La obesidad infantil exige una respuesta mucho más poliédrica que la que ustedes nos traen. Hoy precisa de un Gobierno limpio que no esté dividido", ha zanjado. 

Una iniciativa "paternalista"

Tomás Fernández, de Vox, ha lamentado que "es el penúltimo intento para que el Estado se convierta en el 'tutor moral' de las personas", con un texto que ha tildado de "intervencionista, paternalista y absolutamente desproporcionado que parte de la premisa de que el ciudadano es incapaz de decidir".

Marta Madrenas, de Junts, ha criticado que Sumar use esta iniciativa "de excusa para poder recentralizar poderes desde Madrid" y ha justificado su "no" en que es "profundamente invasiva" de las competencias autonómicas y que adolece de inseguridad jurídica.

El PNV ha considerado que la iniciativa no es "ni necesaria, ni idónea ni proporcional a lo que se pretende", ha resumido Maribel Vaquero, cuyo grupo se ha abstenido.

Noelia Cobo, del PSOE, ha denunciado que la derecha se haya vuelto a poner "del lado de la industria", cuando "la libertad de empresa no puede prevalecer sobre el derecho de los niños a crecer en un entorno saludable". No obstante, ha considerado que la propuesta es mejorable y que por eso su grupo presentaría enmiendas, encaminadas por ejemplo a preservar ciertos aspectos como la competitividad de la cadena alimentaria.

Jordi Salvador, de ERC, ha secundado la proposición porque "la desigualdad también se come" y corrige el "fracaso de 15 años de la autorregulación" voluntaria de la industria, pero considera que era susceptible de mejorarse.