Los grupos parlamentarios de IU y Podemos Asturies han presentado una proposición no de ley en el parlamento de Asturias, a propuesta de la ONG Equalia, instando al Gobierno de la comunidad a iniciar los trámites oportunos para la instalación progresiva de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos asturianos. La iniciativa se suma a otras en la misma línea que ya se han votado en Baleares, La Rioja, Navarra o Comunicad de Madrid.
Equalia, a través de su campaña Derecho de Información, viene demostrando la necesidad de implementar cámaras de videovigilancia en los mataderos de toda España. Desde su lanzamiento a finales de 2018, ha publicado reportajes de investigación de distintos mataderos, donde se han podido ver "flagrantes incumplimientos" de la normativa de bienestar animal, así como "graves irregularidades" en seguridad alimentaria e higiene, como se vio, por ejemplo, en las imágenes del matadero de Villarejo de Salvanés, en la Comunidad de Madrid, informa esta entidad.
CONTAGIOS POR CORONAVIRUS
Últimamente, han sido noticia varios mataderos de Girona, Huesca y Lleida a causa del número de contagios por coronavirus entre su personal. En Huesca, uno de los mataderos afectados de Binéfar (el matadero de porcino más grande de España) registró 370 positivos a principios de junio y en Lleida, varios de sus mataderos han sufrido brotes en el mes de mayo. El último caso en conocerse ha sido en una empresa cárnica de Rafelbunyol, Valencia.
La citada ONG propone una "solución transversal": cámaras de vigilancia en mataderos, tal y como ya existe por ley en países como Inglaterra, Escocia o Israel. "Esta medida ayudaría a prevenir todo tipo de irregularidades, incluidas la más preocupante hoy en día, como es el incumplimiento de las normativas de salud pública al respecto del coronavirus, ya que se haría un control exhaustivo de su correcto cumplimiento", indica.
A este respecto, Equalia señala que el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) se cuestiona "cuánto habrá tenido que ver el exceso de presión sobre el inspector veterinario de mataderos, sus malas condiciones laborales, haber reducido su presencia y no haber tenido en cuenta sus indicaciones sanitarias, con los últimos brotes de la Covid-19 en el sector".
APOYO A LA PROPUESTA
Prueba del apoyo obtenido por esta propuesta se encuentra en la adhesión a la misma del sindicato Comisiones Obreras a nivel nacional o Facua Castilla y León. Incluso la industria cárnica, a través de Anice (Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España), solicita a la administración la instalación de cámaras de vigilancia, "sin duda una propuesta de modernización y mayor transparencia de la industria cárnica", subraya la ONG.
El gigante cárnico El Pozo Alimentación ya se ha adherido a la iniciativa, y empresas como Carrefour ya piden a todos sus proveedores de marca propia y Calidad y Origen la instalación de cámaras. Para facilitar esta tarea, Equalia ha elaborado un protocolo de acción junto a veterinarios de la industria cárnica, con especial interés en las tres medidas clave: implementación de cámaras en todas las zonas de manipulación de animales vivos, almacenamiento de las imágenes durante un mes, en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y visionado de las mismas por parte del operador del matadero y del Servicio Veterinario Oficial de la comunidad autónoma.
Tras haber presentado la iniciativa a todos los grupos parlamentarios del Principado de Asturias, la propuesta de la ONG es registrada por IU y Podemos Asturies para la tramitación de circuitos cerrados de televisión, como complemento a la función de control de los servicios veterinarios oficiales. "El grupo parlamentario PSOE ha liderado esta misma propuesta en todas las comunidades autónomas donde se ha presentado, apoyándola en aquéllas en las que se ha votado. Por eso, esperamos que FSA-PSOE siga el mismo camino en el caso de Asturias", declara María Villaluenga, portavoz de Equalia.
Equalia está trabajando esta iniciativa a nivel autonómico en trece comunidades autónomas. En once de ellas, ya se ha presentado una proposición no de ley (Principado de Asturias, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Región de Murcia, Asturias, Castilla La Mancha, Navarra y Canarias), aprobándose, por ahora, en cuatro: Baleares, Navarra, La Rioja y Comunidad de Madrid.
Además, la campaña Derecho de Información está dando sus primeros pasos a nivel nacional, ya que Equalia está iniciando contactos para que pueda llegar al Congreso.
