José de la Mata, magistrado de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral contra el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa y otras 18 personas, por maquillar presuntamente los estados financieros entre los años 2009 y 2012 para ocultar las pérdidas de la compañía, lo que llevó a que tuviera que acogerse a concurso de acreedores, informa Europa Press. La pesquera ya ha anunciado que recurrirá este auto ante el riesgo de "insolvencia temporal".

El juez sienta así en el banquillo de los procesados a 19 exresponsables y 12 sociedades por delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.

Según el auto, el expresidente de la pesquera se enfrenta a 28 años de cárcel y multa superior a los 22 millones euros; su hijo Pablo Javier Fernández Andrade a 13 años y seis meses de cárcel y multa de 504.000 euros, mientras que para el que fuera consejero delegado de Pescanova, Alfonso Paz Andrade, pide 12 años y seis meses de cárcel y multa de más de 5 millones de euros.

Para la empresa matriz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible mientras que a BDO Auditores se le fija 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.

"PRACTICAS IRREGULARES"

El juez estima que las cuentas anuales de Pescanova en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo.

"La situación motivó que Pescanova, en lugar de presentar la situación real, se decidió alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales, ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", expone el auto.

El magistrado indica, además, que el Consejo de Administración de la pesquera aprobó la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros "utilizando una vez más para convencer a futuros inversores la información financiera de contenido falso que venían tiempo haciendo pública".

RECURSO DE LA PESQUERA

Por su parte, Pescanova ha anunciado que presentará un recurso contra el auto del magistrado de la Audiencia Nacional ya que en caso de ser condenada podría verse afectada por una situación de "insolvencia temporal", lo que, en su opinión, podría ocasionar un "gravísimo e injustificado" perjuicio sobre sus 9.000 accionistas, "quienes perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital" de la sociedad.

Asimismo, la empresa ha señalado que sus asesores legales piensan que la potencial sanción económica y la responsabilidad civil resultante de dicha hipotética sentencia condenatoria definitiva "estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal en el que estuvo incurso" la empresa, con las quitas correspondientes, y estarían sometidos a los acuerdos de fusión y segregación aprobados por la junta general en septiembre de 2016.

Además, Pescanova recuerda que, en dichos acuerdos de fusión y segregación, también quedó previsto que Nueva Pescanova "se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria".