Las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han firmado un artículo conjunto en el que insisten en la necesidad de prohibir en la ley de Cadena Alimentaria la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que, a su juicio, supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y "dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor", señalan.
Las tres organizaciones agrarias también consideran necesario crear un registro electrónico de contratos para facilitar control administrativo por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (ICA), que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal para que pueda optimizar su "excelente" labor de autoridad de control y coordinación con las comunidades autónomas y con la Unión Europea. Asimismo, demandan la inclusión del canal Horeca y de las organizaciones de productores en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, "correctamente consideradas" en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, los productores piden que se clarifique y refuerce la figura del mediador, "apenas mencionado actualmente en una disposición final", y que se amplíen las funciones del Observatorio de la Cadena y se establezca un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa. Las organizaciones agrarias creen, además, que es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
"Estamos ante una oportunidad real para que la construcción del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor", destacan. Las tres organizaciones demandan una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y a construir una cadena alimentaria "eficiente" desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo. "Ahora, es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta", sentencian.
