El Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid ha abierto diligencias previas contra 29 sociedades vinculadas con el Grupo Restalia, incluidas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger, a raíz de una denuncia presentada por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.
Además de dirigirse la causa contra 29 mercantiles vinculadas con Restalia, también se han incoado diligencias contra el dueño del Grupo, José María Fernández Capitán, y otros 24 responsables de empresas del grupo entre asesores, directores y administradores. De momento, no se ha acordado la citación de ninguno de los acusados ni de las filiales señaladas. Tampoco se ha emplazado a los supuestos perjudicados a declarar ante el Juzgado con sede en Plaza de Castilla.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado ha considerado pertinente abrir las diligencias previas y han subrayado que la investigación se encuentra aún en una fase "absolutamente inicial".
Según han precisado las mismas fuentes, el Juzgado está a la espera de que se designen los peritos correspondientes para elaborar un informe pericial sobre la información disponible en el procedimiento para establecer si hay o no indicios de presuntos delitos.
DENUNCIA
Las fuentes consultadas han explicado que la causa tiene su origen en una denuncia interpuesta por el despacho Rafael Franco Abogados en la que se acusa al Grupo de causar un supuesto perjuicio de millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, “ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto”.
En el escrito de denuncia se encuentran representados 31 establecimientos franquiciados que se corresponden con las marcas The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña y Sureña Blue localizados en varias localidades de nueve comunidades autónomas que han sufrido un "perjuicio inicial" que cifra en 19,7 millones de euros.
El escrito considera a los denunciados como parte de una "organización criminal" que, bajo la marca Restalia, que cuenta con una red de 780 establecimientos, actuaron "con engaño suficiente y bastante" hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a "la ruina económica", en virtud de un modelo que ya sido perseguido por la Justicia de EE UU por prácticas próximas al fraude.
Y previamente a la firma de los contratos, continúa, se sumaron "unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar, extremo que ciertamente, los denunciados conocen" y que explica que "la media de cierres de franquicias en el grupo Restalia es de unos cien anuales".
Restalia defiende su inocencia
Restalia ha asegurado que está "tranquila", ya que cumple "rigurosamente" la regulación vigente, según informa la compañía en un comunicado. Hasta el momento, el grupo de restauración no tiene constancia alguna ni ha recibido ninguna denuncia ni citación sobre este asunto. "Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho", han asegurado.
De esta forma, han recordado que en sus 22 años de historia la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y que "cumple, rigurosamente" con la regulación vigente.
El grupo de restauración ha mostrado su "absoluta tranquilidad" por haber actuado de manera "transparente" y "acorde a los contratos y acuerdos" con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones.
