La patronal de la gran distribución ANGED ha mostrado su profundo malestar ante el "grado de discrecionalidad" política y económica con el que ha manifestado este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha decidido la reapertura escalonada del comercio en España.
Los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio. Desde las principales organizaciones empresariales, señala la patronal de distribuidores como Carrefour o El Corte Inglés, "llevamos semanas demandando y proponiendo medidas para un paquete fiscal y financiero potente y efectivo, equiparable al de los principales países de nuestro entorno, que ayude a salvar la actividad de nuestro sector productivo, aliviar sus cargas fiscales y reducir sus costes fijos".
En ese sentido, añade, "entendemos que si el pequeño comercio no dispone de "músculo financiero" como ha explicado el ppresidente, la obligación del Gobierno es ofrecer soluciones que mejoren esa situación de falta de liquidez, sin penalizar la situación del resto de operadores retrasando la reapertura de las tiendas de mayor tamaño. En todos los países de nuestro entorno el comercio está abierto. Las razones que argumenta el presidente, que responden a criterios políticos y económico, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia. Con ello, el Ejecutivo está alentando además una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresa que está absolutamente sobrepasada por la realidad del mercado global de hoy, en el que todos competimos en un mercado global con grandes plataformas digitales".
La excepcionalidad de esta crisis exige por parte de todos, en especial, de nuestros gobernantes, de un ejercicio de transparencia a la hora de explicar sus decisiones. La mayor parte de las tiendas de nuestras empresas asociadas llevan tres meses cerradas, con casi 100.000 empleados en situación de ERTE y sujetas a una situación de inseguridad jurídica extrema, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar. "Somos un sector que ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y de la que depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas. Algunas de nuestras empresas tienen más de 9.500 proveedores españoles, también sujetos a la discrecionalidad de la decisiones políticas", recuerdan desde Anged.
DISCRIMINACIÓN DEL SECTOR
Los trabajadores de nuestras empresas y sus proveedores tienen exactamente los mismos derechos que los de cualquier otra empresa. Nuestra actividad no genera mayor movilidad de personas que, por ejemplo, una gran industria, el transporte público u otras actividades de servicio, en donde sin embargo, no se ha establecido una discriminación por tamaño para que, por ejemplo, primero abran las casas rurales antes que los hoteles o las pequeñas fábricas antes que las grandes factorías.
Desde Anged recuedan su insistencia en que las obligaciones de higiene y protección para establecimientos comerciales, empleados, clientes, así como las restricciones de aforo recogidas en la Orden de desescalada de la Fase I son absolutamente imprescindibles en la reapertura del comercio. Todas las tiendas de las empresas de Anged, recuerda la patronal están preparadas para poder cumplir con estos requisitos del Gobierno y avanzar en medidas complementarias más rigurosas recogidas en sus protocolos de seguridad.
