La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente para aclarar si hubo alguna irregularidad de su representante en la audiencia por la demanda contra el acta de adopción de las hermanas Marta y Cristina Álvarez por parte del expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez, que murió en 2014.

Fuentes jurídicas consultadas aclaran que este tipo de procedimientos, de carácter gubernativo, no tienen alcance penal, sino que son procesos internos, amparados por la ley y que únicamente afectan a la persona que intervino en nombre del Ministerio Público en la vista, no al resto de las partes.

La teniente fiscal inspectora admite en su contestación, a la que ha tenido acceso Efe, la denuncia interpuesta por la defensa de la hermana del fallecido y madre de Dimas Gimeno, María Antonia Álvarez, a quien la justicia de primera instancia rechazó su pretensión de que se anulara dicha acta por entender que no estaba legitimada para reclamar la nulidad al no ser heredera forzosa.

Las presuntas vulneraciones giran en torno a la intervención de la Fiscalía en el trámite de audiencia previa, la cual carecía, en su opinión, de fundamento en tanto que el procedimiento no era un contencioso de familia ni se dirigía contra menores de edad.

Hecho del que deberá pronunciarse ahora el órgano fiscal, que tiene pendiente de esclarecer si, tal como expone la letrada de María Antonia Álvarez, la representante que acudió a la audiencia previa podría estar vinculada familiarmente de forma directa con el entorno de las hermanas.

LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Sus sospechas se centran, de este modo, en la identidad de la fiscal, que podría no corresponder con la persona que firmó alguno de los documentos que obran en la causa, según consta en la denuncia, la cual también reprocha que la grabación facilitada por el juzgado aparezca "cortada".

Un hecho "grave y de máxima relevancia" que habría quebrantado "los principios rectores de nuestro sistema jurídico", continúa el escrito, que lamenta tal falta de transparencia y publicidad.

Fuentes de la defensa de las hermanas Álvarez inciden en que la tramitación de dicho expediente interno "en nada" puede afectar ni a la adopción de ambas, constituida en virtud de una resolución judicial firme tras la práctica de todas las diligencias debidas, ni a la "rectitud y validez" del procedimiento de impugnación del acta.

Con todo, matizan que las cuestiones relacionadas con el comportamiento de autoridades o funcionarios pertenecen a su ámbito interno, si bien debe primar siempre el principio de presunción de inocencia.

Esta investigación se sitúa al margen del capítulo judicial por la adopción de Marta, actual presidenta de El Corte Inglés, y Cristina Álvarez, que en septiembre de 2018 vivió un nuevo hito después de que el juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid admitiera la demanda de la hermana del expresidente del grupo.

La defensa de ambas apeló a la falta de legitimidad de María Antonia Álvarez para elevar el proceso a los tribunales durante la vista del pasado 21 de junio.

En cambio, la abogada de la demandante aclaró que la intención de su representada no era impugnar la adopción, sino únicamente declarar la nulidad del acta, y recordó que el Código Civil prevé que los hermanos o sobrinos pueden ser considerados herederos en los casos en los que el fallecido no tenga ni descendientes, ni ascendientes ni cónyuge.

Finalmente, la magistrada rechazó que ésta pudiera tener "ningún interés legítimo (...) ni es titular de la relación jurídica cuestionada, ni ostenta interés legítimo que pueda ser objeto de protección".