El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley en materia de horarios comerciales que entra en conflicto con la reforma liberalizadora impulsada en julio por el Gobierno.

El decreto catalán solo permite un máximo de 72 horas semanales de apertura de lunes a sábado (frente a las 90 horas establecidas por el Gobierno) y no autoriza abrir entre las 22.00 horas y las 7.00 horas, cuando el decreto estatal no pone límites.

Otro punto de conflicto son los días festivos de apertura autorizada: la norma catalana permite un máximo de ocho domingos o festivos de apertura opcional al año, mientras que el decreto estatal permite al menos diez. Además, el decreto catalán amplía los días en que la actividad de los comercios deberá ser nula: domingo y lunes de Pascua, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre, y 25 y 26 de diciembre. El 23 de junio, si cae en domingo, tampoco podrá ser día laborable, y los días 24 y 31 de diciembre los comercios deberán cerrar a las 20.00 horas.

En cuanto a las rebajas, el decreto ley estatal de medidas liberalizadoras del comercio elimina el concepto tal y como se conocía hasta ahora, de manera que cada comercio puede elegir cuándo iniciarlas y durante cuánto tiempo ofrecerlas. La norma catalana también da libertad sobre la duración de las rebajas pero establece que siempre se deberán celebrar del 7 de enero al 6 de marzo y del 1 de julio al 31 de agosto.

Aunque algunas cadenas de distribución han modificado sus horarios de apertura y cierre para adaptarse a la demanda, no todas se rigen por la misma normativa. Así, por ejemplo, El Corte Inglés, que ahora abre a las 9.30, también ha adelantado media hora el cierre con lo que cumple las 72 horas semanales del modelo catalán. Dia y Mercadona también abren 12 horas al día, dentro de los límites de la ley catalana. Sin embargo, Carrefour, que también ha adelantado media hora su apertura, no ha adelantado el cierre, con lo que permanece abierto 13 horas diarias.

El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, asegura que, al tratarse de una “competencia exclusiva” de la Generalitat, el decreto catalán pasa por encima del estatal. No obstante, el Ministerio de Economía ha expresado que “la ley básica estatal prevalece sobre la autonómica”, a tenor de un informe de la Abogacía del Estado, y que la propia Constitución señala que las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, como los horarios comerciales, compete al Estado.