Mucho se hablaba y se polemizaba el año pasado a estas alturas sobre el impuesto autonómico aprobado en Cataluña para gravar las bebidas azucaradas envasadas. Entró en vigor el 1 de mayo de 2017 y logró poner de acuerdo a todas la industria alimentaria, tanto fabricantes como retailers, cuya oposición derivó meses más tarde en la presentación de acciones legales contra la tasa. Su miedo, y enfado, estaba justificado, pues un año después se ha comprobado que el impuesto ha reducido el 22% el consumo de refrescos y otras bebidas similares en la región catalana.

Así lo refleja un estudio del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra y del Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona, del cual se hace eco la agencia ACN.

Según el informe, hay una relación directa entre el aumento de precios motivado por la tasa y la reducción de la ingesta de bebidas azucaradas. "El impuesto ha sido efectivo y ha conseguido el objetivo que buscaba a corto plazo", dice Judit Vall, coautora del estudio, en declaraciones a ACN.

El estudio refleja que el impuesto ha logrado un efecto sustitución, ya que la reducción en el consumo de bebidas azucaradas ha motivado el crecimiento de las bebidas light y zero.

Los autores del informe apuntan que el precio de las bebidas azucaradas en recipientes de uno o dos litros ha aumentado en el último año un 20%, mientras que el aumento de aquellas venidas en lata ha sido entre el 5% y el 10%.

Las asociaciones del sector agrario (Asaja, Coag, UPA), Cooperativas Agroalimentarias, Aecoc, de la industria (Fiab y Promarca), de los sectores de la distribución (Anged, Asedas y Aces) y también de la restauración (Marcas de Restauración) consideran que esta norma catalana "vulnera principios relevantes" como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros. Además, estiman que la tasa genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las "cargas desproporcionadas" que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

El informe se ha realizado teniendo en cuenta las ventas semanales de 105 productores en unos 160 supermercados de Bon Preu, que tiene un 10% de la cuota de mercado y presencia en todo el territorio catalán.

Impuesto en Reino Unido

Relacionado con este asunto, Reino Unido ha introducido un nuevo impuesto sobre el azúcar a los fabricantes de refrescos, siguiendo medidas similares adoptadas en países como Francia, Noruega o México. La tasa, según informa Efe, se impondrá sobre aquellas bebidas con más de 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y ascenderá a 0,24 libras (27 céntimos de euro) por cada litro, mientras que las que contengan entre 5 y 8 gramos deberán pagar 0,18 libras (0,20 euros) por litro. En España el Gobierno de Mariano Rajoy anunció una tasa similar, pero las presiones del sector alimentario han hecho que el Ejecutivo hasta, de momento, pospuesto esta medida.