Los agricultores y ganaderos hacen balance del año 2022, marcado por una bajada de la renta, la sequía y un aumento de costes disparado. Según el análisis realizado por el Departamento de Economía Agraria de Coag, la renta agraria total, en términos reales durante el pasado año, ha experimentado una importante caída del 8,7% respecto a 2021, según la primera estimación de la renta agraria publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa). "Si comparamos la renta agraria real de 2022 con la de la media de los últimos cinco años (2018-2022) podemos observar que se encuentra el 6,4% más baja. Observando la evolución en términos reales, la renta agraria está el11,5% por debajo de los niveles de 1990", argumenta.

Según esta entidad agraria, el descenso en la renta agraria se debe principalmente a que el crecimiento del Valor de la Producción (que alcanza un nuevo récord, hasta los 63.770,2 millones de euros), "no compensa el impresionante ascenso del coste de los insumos". Producir hoy es el 29% más caro que hace un año y el 71% más que hace una década. Los incrementos más significativos los han protagonizado los fertilizantes (62%), energía y lubricantes (50%), piensos (35%) y productos fitosanitarios (20%).

Por su parte, la producción vegetal creció el 4,2%, debido a que, a pesar de que sufrió un fuerte descenso en el volumen producido (-14,7%), fue compensado con el crecimiento de los precios (+22,1%). En la producción ganadera se incrementa el valor el 24,5% debido al aumento de los precios en la misma cuantía, mientras que el volumen producido se ha mantenido sin variaciones respecto a 2021. Todas las producciones agrícolas y ganaderas presentan incrementos en el valor final, excepto en el caso de las frutas en las que el aumento de precio no ha compensado la caída de producción.

Además, esta "difícil coyuntura ha supuesto un retroceso del 4,4% en el número de activos agrarios" (-40.000 UTAS en 2022), y nos situamos en niveles inferiores a la pandemia, dato que contrasta con la tendencia general al aumento de ocupados del conjunto de la economía española, señala Coag.

COSTES DE PRODUCCIÓN: EL MAYOR INCREMENTO EN 50 AÑOS

El incremento de los costes de producción agropecuarios es el elemento más destacado del panorama agrario en 2022. "Se trata de un incremento de costes de tal magnitud que no existen precedentes del mismo en los últimos 50 años. A ello se une un riesgo de desabastecimiento de insumos esenciales para la producción, como es el caso de los fertilizantes. Según los datos del Ministerio de Agricultura, los costes de producción se han incrementado el 55% en los dos últimos años (desde enero de 2021 a agosto de 2022), tal como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

Los costes de la producción agraria comenzaron a subir a partir de enero de 2021, pero la tendencia se aceleró en los meses de verano y terminamos con un incremento interanual del 30% en diciembre 2021. En 2022, el incremento interanual ha alcanzado el 40% a mediados de año debido al impacto acumulativo que ha supuesto la guerra en Ucrania, recuerda la organización.

Esta situación ha llevado al sector a dos riesgos fundamentales:

1.- Alza del precio de los alimentos para la población, tendencia que comenzó antes de la guerra de Ucrania y que ahora se ha agravado trasladándose a los lineales de los supermercados, fundamentalmente impulsada por la subida de los precios de la energía y las materias primas y también por los recortes de producción por la situación de sequía en España. A ello se une actualmente un escenario dónde puede producirse un descenso de producciones en las cosechas de 2023 por los altos costes de los insumos e incluso dificultades de acceso a algunos de ellos (fertilizantes).

2.- Incertidumbre para los agricultores. Los altos costes de producción abocan a un elevado riesgo financiero si se llegase a producir una caída de los precios al productor en las cosechas de 2023 (aspecto que viene principalmente determinado por la coyuntura internacional de la energía y las materias primas). Esto lleva a los agricultores a extremar la prudencia porque, además, se están elevando los tipos de interés y "dificultando el acceso al crédito". "El problema es que un descenso de la producción presionaría los precios y la inflación al alza. La llegada de una crisis económica tendría también importantes impactos en los mercados y el comportamiento del consumidor, así como la evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar. El escenario es tan volátil que es difícil hacer predicciones sobre cómo estaremos dentro de un año", sostiene la entidad.

DAÑOS CLIMÁTICOS

El año ha sido también muy complicado para el sector desde el punto de vista de los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas. Los efectos del cambio climático cada vez son más patentes sobre el campo y tienen implicaciones directas sobre la viabilidad de las explotaciones de las personas del sector. Las caídas en las producciones han sido bastante generalizadas, desde la fruta de hueso, la almendra (en la que ya la previsión fue del 30% inferior al año anterior) o los cítricos (-13% de aforo frente a la media de las últimas cinco campañas), pasando por los cereales de otoño-invierno (hasta el 26% menos de producción respecto al año anterior), hasta las producciones de olivar (hasta el 50% menos que la campaña anterior en algunas zonas, como Andalucía) o de uva para vinificación.

A comienzos del mes de abril se produjeron graves heladas que afectaron a amplias zonas de producción, pero también afectaron a los cultivos la calima y el polvo sahariano, así como las lluvias persistentes que generaron múltiples daños en diversas zonas productoras. A esta situación, hay que sumar otros eventos como los incendios que afectaron a muchas áreas, generando importantes pérdidas para personas agricultoras y ganaderas.

La situación en verano se agravó por los efectos de la profunda sequía. El estrés por falta de agua y calor redujo los rendimientos en los cultivos de secano hasta en un 80%. Olivares y viñedos sufrieron paradas vegetativas y graves problemas de cuajado de fruto, lo que ha derivado en reducciones sustanciales de las cosechas. En regadío, las restricciones de agua condicionaron las siembras de los cultivos habituales en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Duero. Se redujo un 90% la superficie de arroz en Extremadura y el tomate para industria se sustituyó por girasol, con menores necesidades hídricas.

En los sectores ganaderos se dispararon los costes por un uso mayor de la refrigeración, una menor tasa de transformación de pienso a carne, menos peso de los animales alcanzado en el mismo tiempo de los ciclos, dificultad de acceso a pastos por la sequía y necesidad de llevar agua a los animales de extensivo para que puedan hidratarse, puesto que se secaron numerosas charcas y puntos de suministro de agua.

NUEVA PAC: ¿UNA SOLUCIÓN?

En cuanto a la reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023, el sector asegura que "no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo". La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, "cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario", aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la "competencia desleal" de terceros países.

El Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Mapa también ha resultado "decepcionante", dice la organización. "España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país. La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés", explica.

"Nos podemos encontrar con más costes, mayor burocracia y con los mismos o menores apoyos sin que quede resuelto un problema principal y vital que es la renta de los agricultores. Entendemos muy difícil que a través de las prácticas medioambientales se logre un cambio de rumbo hacia un modelo de mayor sostenibilidad en todos los sentidos que impida el avance del proceso de uberización del campo español y europeo", precisa.

UNA "MOVILIZACIÓN HISTÓRICA"

La Coag también recuerda la movilización del pasado 20 de marzo, que califica de "histórica", en la que más de 500.000 profesionales agrarios y 1.600 autobuses provenientes de distintos puntos del país inundaron la capital de España para mostrar su apoyo al mundo rural y contra las políticas que, señala, "están asfixiando al campo y las actividades y costumbres ligadas a él".

Bajo los lemas 'Juntos por el Campo' y 'El mundo rural despierta', las organizaciones agrarias profesionales y las asociaciones más representativas del mundo de la caza y el mundo rural, reclamaron unos servicios sociales y sanitarios dignos para el mundo rural y un plan de choque para mitigar el efecto de la subida de los costes de producción en las explotaciones agrarias.

Durante el proceso de negociación que se abrió con el Gobierno tras la misma, Coag destaca los siguientes logros:

- Más de 136.000 ganaderos y citricultores se han beneficiado del paquete de ayudas directas para hacer frente a la crisis por la guerra en Ucrania, del que se han abonado más de 350 millones de euros.

- Incremento en 60 millones de la partida presupuestaria destinada a los seguros agrarios.

- Reducciones fiscales excepcionales por la adquisición de gasóleo y fertilizantes: el método de estimación objetiva del IRPF contempla como novedad una reducción del rendimiento neto del 35% en el gasóleo y del 15% en los fertilizantes para 2022 y 2023. Además, se mantienen las reducciones establecidas excepcionalmente en 2021 por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica.

- Se ha conseguido la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas diferentes en un mismo año para los regantes, según lo aprobado en la Ley de la aplicación de la PAC 2023/27. Esta medida se ha realizado en base al Decreto Ley 18/2022 sobre medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía.