El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la lucha contra el despilfarro alimentario es una responsabilidad que atañe a toda la sociedad en su conjunto, y ha puesto énfasis en considerar "intolerable que se desperdicie el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores que se dedican con honestidad a producir alimentos y abastecernos de productos seguros y saludables".

Planas ha inaugurado la cuarta edición del Foro Participativo de la Industria Alimentaria sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario y ha recalcado que esta futura ley, además de combatir el desperdicio de alimentos, debe ser también una oportunidad para poner en valor el trabajo de todos los que participan en la cadena alimentaria, y que la sociedad tome conciencia de que lo que comemos es fruto del duro trabajo y el esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores.

Asimismo, ha reiterado que esta ley tiene entre sus objetivos promover un "cambio de mentalidad" para evitar que se desperdicien alimentos. Ha recalcado el "claro compromiso ético" que supone justo en un momento en el que durante la pandemia de la Covid-19 ha aumentado el número de personas que pasan hambre o sufren malnutrición en el mundo, y en el que ahora habrá que afrontar las consecuencias por el desabastecimiento de alimentos y materias primas debido a la invasión rusa de Ucrania.

El ministro ha recordado que, en España, el rechazo al desperdicio alimentario es una preocupación muy ligada a las sociedades agrarias. Los agricultores, ganaderos y pescadores son los más conscientes del esfuerzo que supone producir alimentos y de los recursos que se invierten. A las pérdidas generadas por las cada vez más imprevisibles condiciones climáticas, plagas y enfermedades, se unen las condiciones de unos hábitos de consumo que despilfarran alimentos perfectamente válidos por motivos que no tienen que ver con sus propiedades nutritivas.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Esta pauta de consumo está fuertemente ligada a los modelos comerciales y, por eso, se hace preciso una adecuada divulgación y sensibilización para modificar los comportamientos que conllevan pérdida de alimentos. A este respecto, Planas ha reivindicado la campaña 'Aquí no se tira nada', impulsada por el Mapa, y ha recordado que durante la erupción del volcán de Cumbres Viejas en la isla de La Palma, publicó una orden por la que se permitía la comercialización de los plátanos cuya piel se había visto afectada por la ceniza de la lava y presentaban mal aspecto, pero la pulpa de la fruta estaba en buenas condiciones, por lo que podía ser consumido sin ningún problema.

El fomento de una línea de venta de productos imperfectos o menos estéticos, así como de los que estén en fecha próxima a su caducidad o aptitud para el consumo serán una de las prioridades de la futura ley. La normativa, ha explicado el ministro, establecerá una jerarquía de uso de los alimentos antes de que sean desperdiciados tanto en la cadena de producción, almacenamiento, transporte y distribución y en la que tendrá prioridad el consumo humano.

El ministro Planas ha subrayado también que la norma apuesta por la promoción de la investigación, innovación y digitalización aplicadas a la mejora de la productividad de las cosechas y a la optimización del aprovechamiento de las producciones, así como por que la toma de decisiones de los productores esté basada en criterios científicos y en datos.

RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO

Luis Planas ha situado esta iniciativa en el marco de los compromisos que tiene España con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en las aspiraciones de las políticas comunitarias que también tienen fijado la reducción a la mitad del desperdicio alimentario. Poner freno a este fenómeno es uno de los aspectos más cruciales a la hora de articular sistemas alimentarios sostenibles y de economía circular.

El ministro también ha recordado las dos metas concretas que se ha propuesto España: la primera consiste en revisar, para finales de este mismo año, la legislación referente a las fechas de duración mínima, caducidad y consumo. La segunda meta está fijada en el año 2030 y persigue la reducción de residuos alimentarios de hasta el 50% en el hogar y comercio minorista y del 20% en las cadenas de producción y suministro.

El Gobierno elaborará, en coordinación con otros ministerios, un Plan Estratégico contra el desperdicio alimentario. Asimismo, el Mapa propondrá un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario y realizará un informe anual sobre los resultados de la aplicación del plan nacional del que tendrá que informar a las Cortes.