La implantación del esquema Nutriscore, enmarcado en los sistemas voluntarios para transmitir la información nutricional, todavía no se ha incorporado de forma masiva a los alimentos que se venden en España, pero ya ha provocado diversas reacciones.

Las solicitudes de excepciones a su aplicación son permanentes. Primero fue el aceite de oliva, (tras la polémica el Ministerio de Consumo ha decidido recientemente sacar este producto del etiquetado Nutriscore), después los productos ibéricos, y ahora los de calidad diferenciada.

"Si un sistema de información nutricional para los alimentos quiere ser lógico y consistente, no puede vivir en la excepción permanente", ha apuntado José Mª Ferrer, jefe del departamento de Derecho alimentario del centro tecnológico Ainia.

"La excepcionalidad constante nos indica que la configuración del sistema no es la más adecuada para respectar el 'a,b,c' que propone el Reglamento 1169/2011, en su artículo 36, en el que se indica que no induzca a error al consumidor; no sea ambigua ni confusa y que se base en los datos científicos pertinentes", opina Ferrer.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

"La principal dificultad en este tipo de sistemas pasa por conjugar sencillez con objetividad y claridad. Se trata de hallar el punto justo para que la información nutricional que se pone a disposición del consumidor le permita tomar una decisión de compra bien informada y llevar una dieta más saludable. En ocasiones, alcanzar la sencillez es sumamente complicado", añade este experto.

En la otra cara de la moneda, se encuentran aspectos positivos que permitirán al consumidor tomar sus decisiones en la compra de alimentos mejor informado y, por tanto, lograr una dieta más equilibrada y saludable. Para Ferrer, "estos elementos positivos los veremos con Nutriscore, siempre y cuando el sistema se amolde a las distintas categorías de alimentos que consumimos en España".

Estos sistemas de información nutricional voluntaria transcienden más allá de la UE y tendrán impacto para consumidores y operadores en las decisiones de compra, así como en la puesta en el mercado de productos, respectivamente. Desde Ainia aseguran que es "fundamental" contar con un sistema que ofrezca la "máxima seguridad jurídica a los operadores, y la información más clara y comprensible para el consumidor". "Para alcanzar estos objetivos, lo más adecuado es diseñar un sistema 'ad hoc' con la suficiente flexibilidad para ofrecer la información nutricional necesaria para el consumidor medio de la UE", añaden.

Por otro lado, antes de la puesta en marcha de Nutriscore en España, "los sistemas de cálculo deben adaptarse a la dieta mediterránea que caracteriza a nuestro país, por ejemplo, debemos considerar la situación de alimentos tan emblemáticos como el aceite de oliva, el jamón serrano, entre otros", precisa José Mª Ferrer. Si no se toman medidas para su adecuación a los alimentos consumidos en España, corremos el riesgo de que algunos de ellos, que son adecuados y saludables, sean penalizados por el sistema", apunta.

ÚTIL SI SE ENTIENDE

Según el jefe del Departamento de Derecho Alimentario de Ainia, el planteamiento del sistema puede ser útil para que el consumidor tome decisiones alimentarias más saludables. Es algo que la Comisión Europea ha constatado en los trabajos para la elaboración del informe que publicó en 2020, en el que la mayoría de los consumidores consideraban que el etiquetado en la parte frontal de los envases es útil.

No obstante, que exista una percepción positiva previa a la puesta en marcha, no garantiza que después no puedan darse situaciones de confusión o que los consumidores no presten atención a esta información, alegan desde el centro tecnológico. "En consecuencia, es muy importante la adaptación a los alimentos que se consumen en cada país y, por otra parte, para que resulte eficaz, una etiqueta en la parte frontal debe atraer la atención de los consumidores, que posteriormente deben aceptarla y entenderla, antes de que pueda influir en sus elecciones alimentarias", insisten.

Tras la consulta pública que lanzó el Ministerio de Consumo el verano pasado para obtener los primeros 'input' sobre el Proyecto de Real Decreto relativo a la utilización voluntaria de este logotipo nutricional, es previsible que hacia el final del año la nueva legislación vea la luz. La Comisión Europea apuesta por armonizar este tipo de información y darle un carácter obligatorio.