Hostelería de España ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra la orden ministerial y el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud del pasado 14 de agosto en la que se aprobaron una serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus, según ha informado la patronal hostelera.
Este procedimiento, informa el medio jurídico especializado Legal Today, busca cerrar el círculo de todos los recursos que se ha ido interponiendo en cada Comunidad Autónoma ante los Tribunales de Justicia contra medidas adoptadas por los Gobiernos regionales como consecuencia del Acuerdo del Consejo interterritorial de 14 de agosto, quedando así cubierto judicialmente todas las posibles vías de reclamación con respecto al mismo.
La demanda tiene como objetivo lograr la nulidad de las resoluciones impugnadas basándose, entre otros, en la falta de justificación de las medidas acordadas. Cabe recordar que los propios datos del Ministerio de Sanidad han acreditado que la hostelería no es el foco de la pandemia, situando por debajo del 2% el índice de contagios en los establecimientos hosteleros.
Se estima que las medidas restrictivas que sufre el sector desde el inicio de la pandemia podrían costar un millón de empleos. Actualmente, hay más de 365.000 trabajadores en ERTE y un tercio de los locales están abocados al cierre ante la falta de ayudas directas. Por si fuera poco, España se ha convertido en el único país europeo sin ayudas directas a la hostelería. A comienzos del pasado de noviembre, Juntos con la Hostelería solicitaba a las comunidades autónomas y a la ministra Reyes Maroto que aprobasen con urgencia el Plan de Apoyo al sector anunciado por el Gobierno y pidió que se incluya en el mismo ayudas directas al sector por valor de 8.500 millones de euros. Las medidas llegaron un par de meses después y son "claramente insuficientes" según denuncia el sector.
Desde Ecija abogados, despacho que se encarga de la demanda, manifiestan su confianza en que la Audiencia Nacional acoja los argumentos jurídicos esgrimidos en la misma. Se han presentado, aseguran, suficientes argumentos médicos, científicos y jurídicos para demostrar que las medidas que se han acordado no son eficaces, ni idóneas, ni proporcionales a las circunstancias de cada territorio.
