El Real Decreto-ley que incorpora el plan de rescate por importe de 4.220 millones de euros para la hostelería, el comercio y el turismo, sectores más castigados por la pandemia, entrará en vigor este jueves, 24 de diciembre, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Consejo de Ministros aprobó este martes el plan, que incluye un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio. Entre ellas, una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales con un impacto estimado por el Gobierno de unos 4.220 millones de euros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha considerado que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad una vez superada la crisis sanitaria.

Respecto a las medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria. Además, el texto incluye incentivos fiscales para aquellos que no sean grandes tenedores y rebajen las rentas que obtienen por el alquiler de sus locales dedicados a la hostelería y al comercio.

En cuanto a las medidas de liquidez y solvencia, el Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos ICO y y la creación de un nuevo tramo de la línea de avales para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un el 90% de garantía.

Asimismo, el Gobierno aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre. De esta forma, destaca el Ejecutivo, se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos.

La norma refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%.

La cifra total estimada de ayuda queda lejos de las aspiraciones del sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, cifra estimada para coger aire de cara al fin de un año 2020 que el sector cierra con pérdidas del 50% de la facturación y el riesgo de desaparición de un tercio de los locales.

Las primeras ayudas han tardado en llegar nada menos que dos meses (desde que el Gobierno las prometió) y son insuficientes para el sector. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha pedido que el plan contemple también la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales créditos y extender como mínimo hasta junio de 2021 la aplicación de los ERTES, aumentando la cobertura y simplificando la gestión, así como derogar la cláusula del mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad e impulsar acciones de reactivación de la demanda.

Hostelería de España recuerda que la pandemia ha obligado a echar el cierre a 85.000 establecimientos en 2020, una cifra que podría llegar a los 100.000 si no se aprueban las medidas reclamadas. La patronal recuerda que hay 680.000 empleos directos en peligro. Entre directos e indirectos, más de un millón de trabajos están en riesgo.